El derecho al agua de algunas familias de bajos recursos de la capital se ve lesionado por su carencia y los cobros excesivos por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) con cifras que alcanzan casi los 60 mil pesos.
De acuerdo con el Comité Cerezo, asociación que defiende los derechos de las familias afectadas por la situación, en la capital hay 20 casos de tarifas elevadas por el agua y también de su restricción, lo que viola acuerdos internacionales a los que México está suscrito.
Tales garantías están sustentadas por el derecho al nivel de vida adecuado, artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; derecho a la vivienda adecuada, artículo 11 y 12 del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Derecho Humano al Agua; y la resolución A/RES/64/692 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El caso más grave es el de Josefina, habitante de la unidad CTM Culhuacán sección IX B, alcaldía de Coyoacán, quien adeuda 58 mil pesos por el cobro del suministro del agua de los últimos dos años. De dicha cifra, 55 mil 149 mil son del sexto bimestre de 2017 y del primero de 2018.
Después a la vecina le llegó el primer citatorio por parte de la dependencia para que se presentara a las oficinas a pagar.
Por una parte, Sacmex le informó que el monto era producto de una presunta fuga, aunque el edificio no presentaba filtraciones. Además, después de los recibos que alcanzaron los miles de pesos, los demás recibos llegaron de aproximadamente 120 pesos. Ella ofreció un convenio de pago pero no negociar una reducción porque no es propietaria del domicilio.
La afectada señala que no puede cubrir dicha cantidad debido a que el ingreso de su familia asciende a siete mil pesos mensuales, con los que solventa sus gastos y necesidades básicas, por lo que le es imposible realiza el pago.
Además, en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la única facilidad de pago que le dan es a tres meses y el primer depósito de siete mil pesos, el dinero con el que vive cada mes.
Josefina considera que el cobro es excesivo e injusto porque también sufre por la carencia del líquido.
“A veces sube el agua, dos veces al día y por horas, por eso nosotros no pudimos haber gastado tanto”, apunta.
En su unidad habitacional, debido a la antigüedad de las bombas para llevar al agua a los departamentos y el esfuerzo que hacen al no tener la suficiente presión, se hacen tandeos dos veces al día, uno de seis de la mañana hasta la una de la tarde y otro de la tarde noche hasta las once.
Con el apoyo de la organización referida, han logrado que se les respete su derecho pero tienen temor de que les corten el suministro en cualquier momento.
Pero este no es el único caso, la organización civil indica que otro de los 20 referidos y de gravedad menor porque la cantidad de dinero no es tan elevada es el de María de los Ángeles Romero Alcántara, habitante de los Pedregales de Coyoacán, quien desde el 18 de septiembre tiene restringida el agua.
Romero Alcántara debe alrededor de 20 mil pesos por supuestos consumos bimestrales de hasta cinco mil pesos.
Francisco Cerezo indica que restringir totalmente el agua viola el derecho al agua de la familia Romero Alcántara al no proporcionar ni 50 litros por persona y querer cobrar más del 3 por ciento del ingreso familiar por su distribución.
Soluciones injustas, sin garantía del derecho al agua
El último citatorio por parte de Sacmex para Josefina llegó el 25 de junio de 2019. El llamado a las oficinas de la dependencia era para solicitarle hacer el pago.
La habitante quiso entrar a la condonación ofrecida por el Gobierno capitalino en abril pasado, pero no pudo debido a que 55 mil pesos son adeudados después de 2013.
Después Josefina buscó una condonación por causas externas a través de un escrito a Sacmex donde relata la situación padecida.
La reducción de la deuda podría ir del 35 hasta el 75 por ciento; sin embargo, la cantidad sigue siendo elevada.
“Si me llegan a descontar el 75 por ciento, serían entre 17 y 20 mil pesos, que también serían difíciles de pagar”, menciona la mujer.
Por su parte, Francisco Cerezo refirió que la familia tendría que dejar de comer tres meses para pagar el monto con el máximo porcentaje de reducción.
“De todos modos pagar 20 mil significa que en tres meses se queden sin comer. Los acuerdos internacionales dicen que el cobro no puede sobrepasar el tres por ciento del ingreso familiar”, explica.
Igualmente, considera que el monto de la reducción sigue siendo injusto porque es un consumo que no se realizó, por lo cual, la familia sólo busca pagar lo correcto.
Ante esta situación, piden a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, que entienda su situación y pueda hacer que el monto que deben pagar sea proporcional al consumo real.