Xóchitl pone lupa a contratos de Romo

A siete meses de gobernar Miguel Hidalgo, la delegada Xóchitl Gálvez pretende cumplir algunas de las promesas que hizo en campaña a sus vecinos: llegar a fondo en las auditorías a la gestión de su antecesor, el diputado local perredista, Víctor Hugo Romo.

Los que votaron por la panista le pidieron desde campaña dejar claro el papel de Gabriel García Hernández, ex apoderado legal de la asociación civil Honestidad Valiente, que despachaba en la demarcación.

Además de revisar los gastos de las obras del parque “El Mexicanito”, los comités vecinales solicitan a la delegada la revisión a los contratos para la rehabilitación de escuelas, del Cine Cosmos que se ubica en la avenida México-Tacuba; la construcción del nuevo edificio delegacional y los de bacheo.

Con los gastos en la obra de “El Mexicanito” la delegada panista abrió fuego contra Víctor Hugo Romo, diputado local de la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa.

Xóchitl Gálvez le reclama haber gastado más de 15 millones de pesos a través de un contrato adjudicado a la empresa Torecoma, S.A. de C.V. para rehabilitar el parque Sir Winston Churchill o “El Mexicanito”. Y aunque la obra se pagó nunca se terminó, por eso ahora se exige a Romo que aclare la situación.

De acuerdo con el acta de fallo de adjudicación de la que Reporte Indigo tiene una copia, el 14 de noviembre de 2013 se dio a conocer el resultado de la licitación pública nacional número DMH-LPF-023-2013, relativa a la “Recuperación, rehabilitación y mejoramiento del espacio público del entorno de la residencia oficial de Los Pinos (Parque El Mexicanito) dentro del perímetro delegacional”.

La contratista ganadora fue Torecoma, una empresa con domicilio en Avenida Revolución Sur número 210, en la colonia Poetas, de Zitácuaro, Michoacán, y cuya propuesta para realizar las obras fue por un monto de 9 millones 757 mil pesos, en un periodo de ejecución de 47 días naturales, iniciando el 15 de noviembre de 2013 y concluyendo el 31 de diciembre de 2013.

“En virtud de haber ofrecido las condiciones legales, técnicas y económicas que garantizan al Estado las mejores circunstancias en cuanto precios, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias evaluadas”, refiere el documento firmado por el director general de Obras Públicas y Desarrollo Urbano de Miguel Hidalgo, Martín Adolfo Mejía Briones y la apoderada legal de Torecoma, Jacqueline Gómez Moreno.

En su oportunidad, los vecinos de Polanco y de Lomas de Chapultepec, exigieron cuentas claras al delegado y cuestionaron la adjudicación a la empresa Torecoma, dado que es de Zitácuaro, Michoacán, ciudad en la que fue alcalde Silvano Aureoles, hoy gobernador de ese estado y quien pertenece a la misma tribu de Víctor Romo: Foro Nuevo Sol del PRD.

Al contrato original se le anexó un convenio adicional por 6 millones 112 mil pesos, que arrojan un total de 15 millones 869 mil que hoy le reclama Gálvez a Romo.

La semana que terminó la delegada y el diputado local se lanzaron acusaciones mutuas a través de las cuales él la calificó de “incompetente”, y en respuesta ella lo llamó “ratero”.

“No soy inepta ni incompetente como tú me llamaste y no es un pleito personal. Los miguelhidalguenses estamos cansados de que el dinero público vaya a parar en manos de quién sabe quién”, lanzó Xóchitl mientras esperó sin éxito que el diputado se apersonara en el parque para aclarar los números y la documentación.

Los otros contratos

Además del contrato de “El Mexicanito” también están en el radar de las autoridades delegacionales de Miguel Hidalgo el acuerdo DMH-LPF-029-2013 por casi 20 millones de pesos que la administración de Víctor Hugo Romo entregó a la empresa Phomsa Construcciones S.A. de C.V., para la rehabilitación de escuelas dentro del perímetro. Sin embargo, no se tiene detalle de qué planteles habrían sido beneficiados con este programa e incluso, si las obras se pagaron y no se ejecutaron.

Phomsa al igual que Torecoma  tiene domicilio fiscal en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán y también está involucrada en el contrato por casi 25 millones de pesos para la construcción del nuevo edificio delegacional que Víctor Hugo Romo dejó inconcluso, lo que motivó recomendaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 2015.

Otro de los contratos que se encuentran bajo lupa es el entregado a Green Patcher de México, luego de una supuesta licitación nacional DMH-LPF-024-2013, por un importe de 12 millones 443 mil 768 pesos, relativo a bacheo en la delegación.

Además de los contratos, las obras y los recursos públicos que están en juego, la delegada tiene pendiente el cumplimiento de otra promesa a sus vecinos: informar de las operaciones que ejecutaba desde la delegación y sin estar en la nómina, Gabriel García Hernández, conocido como uno de los principales operadores financieros del tabasqueño Andrés Manuel López Obrador.

García Hernández, quien a decir de vecinos y ex empleados de la Miguel Hidalgo, atendía desde una oficina del edificio delegacional y también en la casa que Víctor Hugo Romo utilizó para campaña en la calle de Bufón.

La prensa ubica desde 2012 a este personaje como el operador para recabar donaciones y ser el vínculo con Austeridad Republicana de López Obrador, lo que le valió ser acusado por el PRI.

“Él operó el presupuesto, autorizaba todo lo jurídico, lo de obras y también algunas cosas administrativas, lo hacía sin aparecer públicamente”, refiere un ex empleado de Romo.