Y ahora… tráfico 
de tarjetas

Un grupo de empleados burló desde dentro los candados de seguridad de la Secretaría de Transporte y Vialidad del Distrito Federal (Setravi) para ingresar información apócrifa que les permitiría obtener tarjetones para microbús y taxis.

La operación, a todas luces ilegal, que infiltró las bases de datos de la dependencia capitalina arroja que en el periodo del 1 de enero a 13 de mayo de 2013 fueron ingresadas calificaciones apócrifas para obtener 919 licencias de tarjetón para microbús y 355 folios falsos para el caso de taxis.

La base de datos vulnerada está en los servidores de la Setravi. Sin embargo, el personal de sistemas del Centro para el Fomento de la Educación y Salud de los Operarios del Transporte Público de la Ciudad de México A.C (Cenfes) detectó la maniobra y no alcanzó a emitir los miles de tarjetones solicitados con información falsa.

Reporte Indigo tiene copias de la documentación a partir de la cual le fue entregado al secretario de Transporte y Vialidad de la capital, Rufino H. León Tovar, el listado de los folios apócrifos mediante los cuales se pretendía obtener casi mil 300 tarjetones para permitir la circulación ilegal de micros y taxis. 

En el documento, fechado el pasado 21 de mayo de 2013, el director de Sistemas del Cenfes A.C, Juan Carlos Bautista Jacobo, explicó que después de una investigación se detecto que los ingresos de los folios apócrifos a la base de datos de Setravi fueron realizados por un usuario que validó la Dirección de Informática de la pasada administración, que encabezó el perredista Armando Quintero.

“Para el caso de taxi son 355 folios que se insertaron con calificaciones en las tablas de Simdat, Meddat y Capdat, clonando los candados de seguridad que tenemos para validar que la inserción fue realizada por Cenfes”, detalla el documento.

En el caso de los folios apócrifos para tarjetón de microbús, los responsables de esta operación hicieron uso de dos usuarios distintos detectados como GUCE6705 y RAPL8205.

Cenfes es una asociación civil cuyo objetivo es desarrollar actividades educativas, culturales y de promoción para lograr la profesionalización y dignificación del operario del transporte público. Los folios falsos utilizados para obtener tarjetones fueron detectados hace poco más de dos semanas y fueron registrados, según la investigación, durante los primeros cinco meses de este año.

Si esta red de presuntos empleados opera desde las entrañas de la Setravi con usuarios que pueden ingresar a la base de datos desde el sexenio anterior, la pregunta es: ¿cuántos miles de tarjetones sí lograron aprobarse y fueron vendidos en el mercado negro de los taxis y microbuses que circulan en la siempre congestionada Ciudad de México?

No en vano, la Setravi es una de las dependencias del gobierno capitalino que se mantiene en el ojo del huracán por las continuas acusaciones de corrupción en el manejo de trámites que tienen que ver con el padrón vehicular del transporte público y privado.

Irregularidades, 
herencia de Quintero

La corrupción operada por “el enemigo en casa” no es nueva en la Setravi. 

En la recta final del sexenio de Marcelo Ebrard Casaubón, se desató el escándalo que puso en evidencia la forma en que muchos trámites son gestionados con rapidez y a modo por empleados de la dependencia a cambio de dinero.

La polémica en torno a las camionetas con los logos de Televisa que fueron detenidas en Nicaragua en agosto de 2012 con 9.2 millones de dólares en efectivo puso en la mira a la Setravi.

En ese momento, la dependencia capitalina explicó a manera de defensa que los trámites fueron efectuados en sus módulos de control vehicular conforme a la ley.

Ante la posición de Televisa de rechazar que las camionetas fueran de su propiedad, la empresa de comunicación y Setravi se involucraron en una serie de acusaciones.

Setravi defendía a su vez que el trámite de emplacamiento se efectuó a través del apoderado legal de Televisa, mientras que ésta negaba que los vehículos fueran propiedad de la empresa.

La corrupción y escasa transparencia en la realización de trámites en los módulos de control vehicular quedó al aire, por lo que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), entonces al mando de Jesús Rodríguez Almeida, hoy titular de la SSPDF, inició una investigación que no tuvo mayores repercusiones.

Desde los inicios de su campaña, Miguel Ángel Mancera Espinosa se comprometió a impulsar una ley anticorrupción enfocada en castigar conductas ilícitas cometidas por servidores públicos.

Habló de hecho de reformar el Código Penal para castigar con mayor rigor la comisión de estos ilícitos al interior de la administración local.

Con lo que ocurre en Setravi y las prácticas de empleados ya tiene por dónde empezar. 

No es el único caso, pues con las recientes denuncias públicas de corrupción en el Instituto de la Vivienda (Invi) encabezadas por su titular, Raymundo Collins, la Contraloría General del DF ya empieza a acumular expedientes.

Cansados de ser extorsionados, un grupo de constructores decidió hacer públicas las prácticas que imperan al interior del Invi, donde funcionarios presuntamente enviados por Raymundo Collins exigían 10 millones de pesos a cambio de que los empresarios fueran beneficiados con obra.

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ordenó de inmediato que las denuncias se investigaran. De paso se quita de encima a Collins, una de las herencias que le dejó su antecesor, Marcelo Ebrard.

El otro reto está en Setravi, donde Rufino H. León Tovar se encontró con una institución que se tambalea por la corrupción de sus empleados. Dos buenos ejemplos de por dónde comenzar a limpiar la casa.