El abogado Carlos Frausto considera que la justificación de la Profeco es solo otra acción dilatoria
Piden a la Profeco ejercer la acción colectiva y pronunciarse para que la CFE cese sus prácticas intimidatorias
Ha pasado más de medio año y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sigue sin pronunciarse formalmente sobre los abusos que comete la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Pese a que desde hace más de 12 meses 400 ciudadanos han denunciado los altos e injustificados cobros de la CFE (oscilan entre 3 mil y 70 mil pesos), así como sus conductas intimidatorias (amenazas de embargo) contra los usuarios de sus servicios, el avance es nulo.
A la dependencia federal parecen pasarle de largo las demandas y los compromisos que suscribe. Como el de febrero pasado cuando, en el marco del Pacto por México, signó con la CFE un convenio de colaboración para atender las inconformidades de los usuarios del servicio eléctrico.
En lugar de velar por el interés ciudadano, con su actuación omisa la Profeco se coloca de forma parcial del lado de la CFE.
Así lo refieren los representantes legales del Colectivo de Ciudadanos de Iztapalapa en Defensa de la Energía Eléctrica, que en días pasados presentaron 61 amparos ante este organismo. La respuesta al respecto “fue un chasco”.
Así define el abogado Carlos Frausto el encuentro con funcionarios de la Profeco del pasado 31 de octubre.
La respuesta que dieron es que estaban haciendo un análisis y que procederían a responder a los amparos presentados. Así devolvieron el balón a la cancha de los demandantes pidiéndoles que por escrito aclaren sus peticiones originales pues no entienden que haya varios firmantes de la denuncia.
Después de meses y meses la Profeco no logra entender que la acción colectiva contra la CFE, por prácticas lesivas e intimidatorias contra los usuarios en su política de cobro, son peticiones que se hicieron desde el 23 de abri, mismas que se refrendaron el 7 de junio del año próximo a concluir.
El escrito colectivo se relaciona con las peticiones individuales donde cada ciudadano además de firmar una petición colectiva (por verse afectado por la prestación de un servicio) hace otra manifestación individual solicitando ser patrocinados por la Profeco, tal cual marca la ley.
Se siguen sin tener claro un conflicto que debiera estar asentado en un expediente que, hasta la fecha, no se puede saber si está debidamente integrado pues nunca ha estado a la vista de los demandantes.
El jueves pasado los denunciantes expresaron a la Directora de Acciones Colectivas que “resultaba vergonzoso” que luego tras diversas movilizaciones, protestas y audiencia no haya ningún avance.
El abogado Frausto considera que la nueva justificación que da la Profeco sobre que ahora debe responder a los amparos es solo otra acción dilatoria. El típico “dar largas” de la burocracia mexicana.
Los 61 amparos de las 400 denuncias se presentaron con el único objetivo de evidenciar la omisión de la Profeco y alentarla a actuar. Todo es en vano.
“En una total omisión de una estrategia, la Profeco… no tiene claro qué hacer”, indica Frausto en una charla con Reporte Indigo.
Piden al procurador emita pronunciamiento
A la Profeco se le piden dos cosas: ejercer la acción colectiva y emitir una pronunciamiento público para que le requiera a la CFE el cese de sus actos intimidatorios, prácticas contrarias a la prestación de un servicio público.
Que actúe como hizo, por ejemplo, con Telcel contra la que, a través de un juez federal, presentó una acción colectiva porque esta empresa robaba “tiempo aire” a los usuarios del servicio telefónico.
Derivada de la petición formal que hiciera la Profeco, un juez federal puede actuar con base al artículo 578, 579 y 585 del Código Federal de Procedimientos Civiles.
Los demandantes tiene en su poder los oficios intimidatorio sin firma, los testimonios de la gente amenazada por empleados de la CFE, incluso hay demandas de ciudadanos golpeados por trabajadores de este organismo. La Profeco tiene los recursos para defender a los usuarios afectados por la CFE y no lo hace, ¿qué espera?, inquieren los usuarios afectados.
Conforme al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fracción XX, se debe “requerir a los proveedores o a las autoridades competentes a que tomen medidas adecuadas para combatir, detener, modificar o evitar todo género de prácticas que lesionen los intereses de los consumidores, y cuando lo considere pertinente publicar dicho requerimiento”.
Así solicitan al procurador Alfredo Castillo que emita un pronunciamiento para que la Junta de Gobierno de la CFE ordene el cese de “todos los actos comerciales abusivos, coercitivos, intimidatorios y desleales que realiza ese organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal”.
En las audiencias de la Profeco de Iztacalco, por ejemplo, el conciliador se convierte en un doble abogado de la CFE, afirma Frausto. Le dice a la gente que, hagan lo que hagan, van a tener que pagar. De ese modo intimidan más al usario.
Se acordó que mañana, miércoles 6, el Colectivo protestará frente a la Profeco, donde dará una conferencia de prensa por la mañana al no tener ningún avance con esta dependencia.
Es por ello que, en el marco de la Ley Federal de los Servidores Públicos, también han presentado quejas administrativas en contra del procurador Castillo y el subprocurador jurídico, Carlos Hugo Castellanos, por omisión a dar respuesta a sus peticiones colectiva e individuales,.
En términos del manual administrativo que rige a la Profeco para presentar una acción cognitiva tienen 45 días y ya son casi 7 meses sin respuesta.
La protesta de este miércoles busca evidenciar la omisión en que ha incurrido la Profeco ante la presentación de 61 amparos que suponen “el máximo derecho de protesta jurídica… por lo que se relaciona a una garantía individual y un derecho humano, la Profeco sigue sin actuar”.
CFE consultará peticiones a Sener
El Colectivo hizo además en días pasados dos peticiones a la CFE –conforme al artículo 5 del Estatuto Orgánico de este organismo– de instrumentar un programa de cancelación de adeudos por montos impagables y crear una tarifa social progresiva para grupos vulnerables y zonas de alta marginalidad.
El organismo descentralizado les informó, a través de un representante de su abogacía general, en presencia de gerente comercial y un representante de la Segob, que ha hecho una consulta técnico-jurídica a la Secretaría de Energía (Sener) para que, como superior jerárquico, responda sobre los alcances de las peticiones.
Se está a la espera de esa respuesta, “por lo menos han sido un poco más sensibles”, comentó Frausto sobre la problemática. Al parecer, entienden la importancia de que los demandantes sean atendidos por la Junta de Gobierno de la CFE.
Por su parte, el acuerdo hace dos semanas con la Sener es que darán audiencias a todos los usuarios que aún no se les ha dado cita.
La petición es que esta dependencia requiera a la CFE el desglose pormenorizado del consumo de luz, de 2008 a 2013, a todos los usuarios que lo han solicitado.
Este documento servirá para evidenciar la elevación injustificada del cobro de la luz, así como del IVA durante ese periodo.
