Zapopan niega lo evidente

La imágenes tomadas por habitantes de San Lorenzo y representantes de la Agencia por la Regeneración Socio-Ambiental (ARSA) revelan el verdadero estado del tiradero de basura Picachos, que junto con el vertedero Hasars fue clausurado en días pasados por habitantes de los pueblos de la barranca del Río Santiago al norte de Zapopan, que reclamaron que existe un profundo daño ambiental en sus territorios.

La protesta terminó en el desalojo violento de los manifestantes por parte de la Policía Municipal. En voz del secretario General del Ayuntamiento, Elías Rangel Ochoa, el tiradero Picachos, a cargo del Municipio, “no contamina”, y en todo caso las aguas sucias que se presentaron en dicha zona es agua revuelta de tierra, pero no contaminada (Véase ‘Picachos no contamina’).

Lo cierto que es las nuevas imágenes que ofrecieron los habitantes evidencian que el Municipio de Zapopan miente y existe un verdadero daño ambiental en la zona, mismo que ya había sido denunciado hace más de un año.

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PROEPA) inició un procedimiento administrativo en contra del Municipio de Zapopan 218/2013  con base a las denuncias que realizó el regidor panista, Juan Ramón Ramírez, y también  existe una denuncia penal abierta sobre el mismo caso, aunque aún no se consigna a nadie, confirma el edil. 

El panista refierió en entrevista con Reporte Indigo que tras lo ocurrido el Municipio ha hecho todo para dilatar una solución real al problema de Picachos.

“No es un problema nuevo”, refiere el panista, quien critica la postura del Municipio de hacer mesas de trabajo que hasta la fecha no han iniciado y con ello “apagar el fuego”. En su visión eso les ayuda a “extender el conflicto por meses”.

En enero del año pasado la PROEPA informó sobre el procedimiento en contra de Zapopan. Entonces advertían que las fosas estaba al 70 por ciento de su capacidad y apenas se estaba colocando una celda perimetral a una de las fosas.

“Se tiene instaurado un Procedimiento Administrativo en contra del Relleno Sanitario Metropolitano Poniente Picachos en la dirección jurídica y cumplimiento ambiental de esta Procuraduría de Protección al Medio Ambiente”.

El regidor Ramírez informó que tras las  recientes manifestaciones se tomaron nuevas pruebas del agua, que fueron enviadas a la Comisión Nacional del Agua a fin de demostrar que el líquido sí contiene metales pesados, contrario a lo que dice el secretario General del Ayuntamiento, a quien por su parte instó a lavarse la cara con el agua que sale de la planta de tratamiento de Picachos. 

Asegura que la Conagua les ha suspendido en varias ocasiones la operación de la planta, pero el Municipio ha llegado a acuerdos con la autoridad federal para seguir trabajando.

Demandas inconclusas

A una semana del desalojo, todavía no hay claridad sobre qué sucederá con los vertederos, tampoco se ha dado respuesta a los pedimentos que hicieron los pobladores de los pueblos de la barranca.

La secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territoriorial (SEMADET), Magdalena Ruiz Mejía, asegura que todavía no se da por terminado el procedimiento administrativo 246/2013 en contra del Municipio de Zapopan por malos manejos del vertedero, aunque descartó que en este momento se fuera a cerrar el vertedero. 

Aunque la funcionaria no se refirió a la denuncia 218/2013 en la que ya se habían registrado irregularidades en el manejo del vertedero. 

En días pasados habitantes de los pueblos afectados entregaron un pliego petitorio a las autoridades municipales y estatales, que contiene 19 puntos a los que se deben comprometer a fin de sanear la zona. 

Entre ellos se exige que la autoridad cumpla con el artículo cuatro constitucional que refiere que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. Así como el cumplimiento a la Noma Mexicana 083 que no permite la ubicación de vertederos o rellenos sanitarios “cuando se afectan en sus aspectos hidrológicos, geohidrológicos y topográficos”.

Según el documento, ninguno de los dos vertederos cumple con esta norma. En la última celda de Picachos “no cumple con los criterios de impermeabilidad, geomembranas y descarga directamente al río, ya que no está conectada a la planta de tratamiento de Picachos”, se lee en el documento.

Hasars por su parte está a menos de mil metros de un cuerpo de agua superficial, “tampoco está diseñada con los criterios topográficos para evitar deslaves”, refiere la carta de los pobladores en la que exigen el “cierre total y permanente del Basurero Picachos y Hasars, así como la granja de cerdos que opera en Milpillas, junto con el saneamiento de las zona afectadas y de la cuenca”.

Proponen la creación de una comisión técnica interinstitucional en la que solo accedan académicos pertenecientes a organizaciones externas en materia de sociedad y medio ambiente, así como universidades.

Mismos que deberán de elaborar una propuesta para el saneamiento de la cuenca del Río Milpillas en un máximo de tres meses. Tanto Hasar’s como el Municipio deberán asumir el costo de la implementación del proyecto que presente la comisión técnica. La ejecución de esas obras no deberá superar los seis meses.

En el punto siete del pliego petitorio exigen realizar un plan de abandono a futuro de los vertederos “deberá asegurarse la operación para realizar el estricto control de los lixiviados que permitirán el saneamiento del Río Milpillas y otras zonas afectadas”.

Piden la protección y mantenimiento de los basureros Copalita y el Taray, que fueron cerrados en 1994 pero que siguen escurriendo lixiviados en el Río La Soledad.

El documento también exige que las plantas de tratamiento de ambos vertederos traten y clarifiquen el agua “al grado que tenga aspecto trasparente, sin olor y sin ningún contaminante peligroso a fin de que no afecte a las localidades”.

Al vertedero Picachos le obligan a la construcción de terrazas en las celdas para reducir la velocidad del agua de lluvias y evitar así la erosión y descontrol de los lixiviados.

Y con ello “certificar la planta de tratamiento de agua de modo que se garantice la capacidad de tratamiento en el flujo de agua máximo de entrada durante el temporal de lluvias, así como de asegurar e integrar a ciudadanos en la supervisión de que opere al 100 por ciento de su capacidad y todos los días del año, ya que actualmente solo opera en algunos periodos del año, por falta de recursos”, se lee en el documento.

Otra de las peticiones es elaborar un plan de control y medición de los contaminantes en la cuenca del Río Milpillas con recursos del gobierno municipal. Y que estas evaluaciones se hagan una vez por mes comenzando en el mes de marzo.

También se piden obras de abastecimiento de agua en la zona y la gestión de fondos federales para el desarrollo local de los pueblos afectados en no más de seis meses.

Por último, en el pliego petitorio también se solicitan avances en el proyecto del Sistema Metropolitano para la Gestión Integral de los Residuos. También piden condicionar que, si no se cumple con los tiempos definidos por los pobladores, se cierren los vertederos.