Si a Felipe Calderón le incomoda que el presidente Peña Nieto esté resuelto a que las fuerzas armadas respeten los derechos humanos, es lo de menos.
Lo importante es que, a pesar de los riesgos que una decisión como esta entraña, el Consejo de la Judicatura Federal informó que siete militares involucrados en los 22 homicidios de Tlatlaya, fueron consignados ante el Juzgado Cuarto de Distrito en procesos penales federales en el Estado de México.
Los que tengan oídos para escuchar, que escuchen.
Sin perdón de Dios
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