Para muchos, tarde que temprano fiestecita de los “Dipu-tables” panistas traerá como consecuencia la remoción del coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal.

Y es que si de por sí ya estaban tensas las relaciones entre el presidente del PAN, Gustavo Madero, y Villarreal, ahora se tensaron aún más.

De ahí que Madero escribió en Twitter que “los comportamientos particulares de nuestros militantes no podrán pasar sin consecuencias cuando afecten la imagen y vida de nuestro partido”.

Con la promulgación de las leyes secundarias de la Reforma Energética, hoy pasan a la historia dos viejos regímenes energéticos que estuvieron vigentes durante 76 y 54 años,  respectivamente. 

El primero, el del monopolio petrolero en manos del Estado,  que inauguró Lázaro Cárdenas del Río el 18 de marzo de 1938.

Y el segundo, el que inició Adolfo López de Mateos el 29 de diciembre de 1960 al promulgar la reforma constitucional que prohibía a los particulares la generación, conducción, transformación y distribución de la energía eléctrica. 

El secretario del Trabajo Alfonso Navarrete Prida tiene toda la razón cuando señala que el aumento al salario mínimo debe analizarse con toda responsabilidad y no al “ahí se va”  como lo propone el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.  

Y mucho menos a través de una “consulta popular” como lo propone el presidente del PAN Gustavo Madero. 

Solo Dios sabe a cuánto ascienden los desfalcos que, con la colaboración de los directores de Pemex y hasta con la de la presidencia de Felipe Calderón, hicieron el senador priista Carlos Romero Deschamps y su banda sindical durante el sexenio pasado.

Y es que el senador perredista Benjamín Robles mostró ayer una serie de documentos en los que se demuestra que Pemex le entregó al sindicato petrolero la cantidad de 500 millones de pesos el 8 de diciembre de 2011 en calidad de regalo-préstamo.

Ante la ola de protestas que estallaron en los últimos días en Sinaloa, el gobernador Mario López Valdez tuvo que dar marcha atrás a su pretensión de silenciar a los medios en materia de seguridad. 

Las protestas estallaron porque los diputados del Congreso de Sinaloa, por instrucciones de Malova, aprobaron sin leer y sin chistar, una reforma al artículo 51 bis de la ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia que coarta el derecho a la libertad de expresión.