Ni duda cabe que los políticos no cambian. Lo que cambia son las circunstancias. 

Y este es el caso de Luisa María Calderón.

Hasta hace pocos meses, la hermana de Felipe Calderón acusaba al gobernador Fausto Vallejo y a su hijo de estar involucrados con la delincuencia organizada. 

Al gobernador Fausto Vallejo porque “gente de la campaña de Fausto fue a negociar con el crimen organizado quién podía ganar la elección’’.

Y al hijo, porque “se dice que alguno de ellos está muy vinculado con el crimen organizado, que tenía antros”. 

Algo deberán hacer los responsables de la comunicación en el Gobierno Federal para que disminuya el porcentaje de los que creen que en el 2014, estamos peor que en el 2012,  en materia de seguridad. 

Si consideramos que los índices delictivos han bajado sensiblemente desde que Felipe Calderón dejó de ser presidente de la República, se puede concluir que los responsables de la imagen del Gobierno Federal en materia de seguridad no han hecho bien su trabajo. 

Michoacán es un buen ejemplo de este fracaso. 

La renuncia del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, ha empezado a ser una exigencia de muchísimos ciudadanos.

Y es que es increíble que el gobernador del estado de Michoacán no supiera lo que presuntamente hacía su secretario general de gobierno, Jesús Reyna.

Más aún, cuando por años ha habido varias denuncias públicas que sostienen que Jesús Reyna se reunía con líderes templarios como La Tuta.

Resulta que con el arraigo en contra del ahora exsecretario general de gobierno de Michoacán, Jesús Reyna, los panistas calderonistas andan que no caben de gusto. 

Y es que de una manera u otra, al solicitar el arraigo en contra del también exgobernador michoacano, el procurador general de la República Jesús Murillo Karam, terminó dándole la razón, al menos por lo que toca a las sospechas, a la senadora panista Luisa María Calderón.

Fue acertada la determinación del presidente del PRI, Cesar Camacho, al “suspender” así sea “temporalmente” a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre como presidente del tricolor en el DF, señalado por contratar a mujeres en el PRI a cambio de servicios sexuales.

Haber hecho lo contrario habría tenido un enorme costo político para un partido que desde hace casi 30 años no ve una en el DF. 

Sin embargo, las cosas no deberían parar en una separación del cargo.