Las argucias legales y los achaques médicos han salvado a algunos notables de la política mexicana a evadir el castigo carcelario. 

La excusa más empleada por estos personajes es la enfermedad, y aunque gozaban de cabal salud o inclusive recién llegaban de un viaje de placer, apenas pisan las prisiones empiezan los síntomas que los libran de la celda. 

En otros casos sus delitos son juzgados suavemente como “no graves” y alcanzan fianza para enfrentar en libertad el proceso de justicia penal. 

Los malos manejos de la administración de Jalisco de Emilio González sobre los recursos del Seguro Popular han merecido la intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).

Si bien tuvieron su episodio más grave en el 2012 con la utilización irregular de casi 3 mil millones de pesos, fueron, en realidad, una constante durante gran parte del sexenio del panista.  

A pesar de no haber pasado las pruebas de control de confianza, y tener antecedentes de actuaciones irregulares como funcionarios, cinco agentes de tránsito laboran en la corporación.

Desde el 2012, estos elementos habrían reprobado los exámenes, pero han seguido en su cargo hasta la fecha, a pesar del cambio de estructura por el que ahora la corporación de tránsito forma parte de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Para que sobrevivan las mafias del despojo necesitan existir funcionarios y notarios corruptos que estén dispuestos a insertar escrituras o folios en los catastros y registros de la propiedad. 

En Zapopan, un grupo de empleados del Catastro fue señalado por el alcalde Héctor Robles Peiro de realizar presuntos actos de corrupción y representar pérdidas de hasta 10 millones de pesos. Están siendo investigados por la Contraloría municipal. 

José Susumo Azano fue detenido por el FBI, confirmaron oficiales del FBI a la cadena estadounidense NBC.

El empresario jalisciense fue arrestado el miércoles en su residencia en San Diego, según el vocero del FBI, Darrell Foxworth.

De acuerdo con un cable de AP, Susumo Azano fue acusado formalmente ayer de canalizar ilegalmente dinero en apoyo a políticos de San Diego en un creciente escándalo de financiamiento de campañas.

Susumo Azano, de 48 años, se declaró inocente de los cargos que le imputan.