Ahora no solo los servidores públicos serán sancionados si participan en actos de corrupción; los castigos podrán aplicarse también a particulares o empresas que cometan actos indebidos.
A partir de ayer, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, los particulares pueden ser castigados con multas económicas y con la disolución de sus sociedades, en el caso de faltas graves.
Estas sanciones deberán ser dictadas por una sala especializada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) –o su equivalente en los estados-.
Imelda García