Jorge Arturo Gutiérrez Muñoz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, asegura en entrevista que de prosperar la reforma al nuevo Sistema de Justicia Penal impulsada por los gobernadores se estaría retrocediendo en materia de impartición de justicia y respeto a los derechos humanos.

Recientemente, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) anunció que está preparando una reforma para ampliar el catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y de esa manera evitar que los sujetos a proceso puedan continuarlo en libertad.

La corrupción en las cárceles del país alcanza hasta a los centros de reclusión que tienen participación privada.

Desde el pago por el pase de lista hasta por tener una visita conyugal, las personas privadas de su libertad tienen que pagar casi por cada movimiento que hagan en prisión.

En México existen 210 mil 991 personas –hasta el 2016- que están privadas de su libertad en los 338 centros penitenciarios que existen en el país.