El gobierno independiente de Nuevo León consumó el embargo de 22 propiedades de exfuncionarios de la administración de Rodrigo Medina, entre ellas, sólo una corresponde al exgobernador.
Se trata de un rancho ubicado en el municipio de General Terán, de aproximadamente unas 36 hectáreas.
Esta acción se realizó a través de la “Operación Tornado”, concretada por la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos desvíos en terrenos de Pesquería dentro de la carpeta de investigación 2894/2016.
El juez de control que ordenó el embargo fue Pedro Cisneros Santillán.