Antes de que Barack Obama pise suelo mexicano, legisladores de su país han fijado una postura respecto a la agenda bilateral que abordará con Enrique Peña Nieto.

El pasado 23 de abril, John Kerry recibió una misiva de parte de 23 miembros del Congreso estadounidense, tanto demócratas como republicanos. Ahí expresan su preocupación de que en México prevalecen graves violaciones a los derechos humanos. 

Debido a esto, los miembros del congreso consideran que se cuenta con “un momento oportuno para trabajar con el gobierno mexicano para mejorar la situación en ese país”.

El hecho causa extrañamiento, sorpresa, alerta.

El senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó el martes pasado un proyecto para reformar los artículos 1 y y 133 de la Carta Magna.

La iniciativa de ley tricolor busca modificar el bloque de derechos humanos y con ello pone en peligro los avances conquistados con la reforma constitucional de 2011.

Los defensores de los derechos humanos están preocupados. Perciben que con el cambio de gobierno, “el PRI parecería estar mudando de incentivos”. 

Las luchas políticas tienen, a veces, consecuencias inesperadas. Así la fractura del PRD en la capital ha abierto paradójicamente la puerta para que desaparezca del Código Penal del Distrito Federal la polémica figura del arraigo.

La propuesta surgió del diputado local –aliancista– Jorge Gaviño Ambriz, pero la batalla entre el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, y el bloque bejaranista está a punto de convertir el proyecto en un decreto de ley.

La Primavera Árabe no se olvida. Sigue en el recuerdo de quienes la vivieron y en el presente de quienes continúan luchando bajo los mismos ideales.

Human Rights Watch (HRW) introduce su informe hablando sobre las secuelas de este prometedor periodo en materia de derechos humanos.

Sin embargo, tomando como ejemplo el reporte sobre México y el de su vecino del norte, Estados Unidos, los avances no son alentadores.

En México, la lucha contra el narcotráfico ha sido motivo de miles de abusos en contra de civiles, asegura el organismo internacional.

Arrancó la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura. Constituye una iniciativa, ambiciosa pero viable, para consolidar la armonización y democratización del sistema penal mexicano.

Iniciativa del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) se lanza desde la sociedad civil y va arropada por el conocimiento de expertos en temas penales y derechos humanos. Busca garantizar que la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal acusatorio se rija por los más altos estándares legales y el respeto a los derechos humanos.