Sara Olea Robles no celebró este 10 de mayo. El nombre de su hijo está escrito en la lista de los más de 27 mil desaparecidos que hay en México. Una lista que no ha sido actualizada y a la que se van sumando más víctimas.

Desde hace ocho meses, Sara busca a Xiuhtletl, de 31 años. 

El chef vivía en Acapulco y en agosto pasado fue nombrado presidente de la Asociación Gastronómica de México, Capítulo Guerrero.

Un mes después, el 8 de septiembre, acudió Chilpancingo a buscar apoyos para unos cursos que estaba dando en hoteles. No volvió a contestar su celular. 

En febrero de 2013, cuando recién inició en sexenio de Enrique Peña Nieto, el gobierno anunció que estaba revisando la base de datos de más de 26 mil personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas, la cual había sido compilada por la Procuraduría General de la República (PGR). 

De acuerdo a Human Rights Watch (HRW), esa lista presentaba problemas significativos, como incongruencias y datos incompletos, y no incluía todos los nombres de las personas denunciadas como desaparecidas.

En 2010, Guadalupe Fernández Martínez y su esposo acudieron a México Unido contra la Delincuencia.

Informaron que querían juntar un dinero para ofrecer una recompensa por la desaparición de su hijo José Antonio Robledo Fernández.

Se enteraron que la Procuraduría General de la República (PGR) disponía de un fondo destinado a ese propósito y, a principios de ese año, hicieron una petición a través de la entonces Unidad Investigadora Especializada en Secuestro (UIES).

Entre 1.5 y 2 millones de pesos de recompensa ofrece la Procuraduría General de la República (PGR) a quien proporcione datos para dar con el paradero de 14 personas desaparecidas en México.

Ante las irregularidades del expediente de Brenda Damaris Solís, la familia exige a la Procuraduría del Estado que le autorice para exhumar el cuerpo y hacer una  nueva prueba de ADN.

Y es que la “Prueba 166”, llamada así por el número de huesos que entregó la Procuraduría a los familiares de la víctima en noviembre de 2012, ha sido rechazada por los parientes de la desaparecida.

No aceptan que la identidad del cadáver corresponda a Brenda Damaris y buscan que peritos externos les confirmen el resultado de la prueba de ADN que les fue entregado por la Procuraduría.