Después de tres meses y medio de discusiones, el gobierno de Grecia parece no estar más cerca de reconciliar sus proyectos y promesas con las demandas de sus acreedores.

Grecia tiene menos de una semana de espacio antes de la fecha límite, fijada para el 12 de mayo, para realizar un pago de más de mil millones de dólares (mmdd) al Fondo Monetario Internacional (FMI). 

El tiempo se está acabando para Grecia en su lucha por mantener sus finanzas públicas a flote, y esto ha orillado a su gobierno a emprender medidas desesperadas.

A inicios de este mes, el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, dijo estar “muy confiado” de que su país alcanzaría un acuerdo con sus acreedores para antes de la fecha límite que se auto-impuso en las negociaciones anteriores, fijada para el 24 de abril.

El acuerdo alcanzado la semana pasada entre el país helénico y sus acreedores europeos es un duro golpe para el proyecto anti-austeridad del primer ministro griego Alexis Tsipras y su gobierno.

Bajo los términos acordados, las condiciones del actual paquete de rescate financiero de 240 mil millones de euros, incluyendo la austeridad fiscal y la supervisión internacional de la política económica de Grecia, se mantendrán prácticamente intactas.

El gobierno del primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, tiene poco de haberse instalado en Atenas, pero ya ha puesto a los mercados financieros en alerta.

La semana pasada, Tsipras declaró que “no habrá ni un conflicto catastrófico (con los acreedores de Grecia), ni se aceptará el seguirse inclinando (ante ellos)”. 

Además de esto, su ministro de finanzas, Yanis Varoufakis, ha argumentado desde hace tiempo a favor de una renegociación de la deuda griega (cuyo monto total ya alcanza los 330 mil millones de euros) que incluya pérdidas para sus acreedores.

El presupuesto de la Unión Europea del 2014 al 2020 es uno de los temas más polémicos que se debaten hoy dentro en la Zona Euro.

El citado presupuesto se usa para pagar subsidios o políticas macroeconómicas a nivel europeo, tales como programas agrícolas, investigación o transferencias de los países con más ingresos a los menores.

Aproximadamente el 5 por ciento de los gastos se destinan a labores administrativos, tales como el parlamento y ejecutivo que sostiene la Unión y que complementan a sus órganos nacionales.