La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó que China Railway Construction Corporation presentó documentación necesaria para reclamar los gastos realizados por la suspensión indefinida de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro.

“Sí hay una solicitud de ellos. Presentaron un documento y con eso dejan vivos sus derechos”, afirmó el director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la dependencia, Pablo Suárez Coello.

No han negociado

La eliminación de la figura del permisionario y la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario son los principales cambios que planea realizar el Senado en la nueva Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Después de casi 10 meses de que estuvo en la congeladora esta iniciativa, votada en la Cámara de Diputados en febrero pasado, el Senado alista aprobar esta semana este dictamen que provocó inconformidad entre las dos empresas concesionarias dedicadas al transporte ferroviario de carga en México.

La falta de transparencia está cobrando factura al Gobierno Federal, que sigue sin aclarar la licitación y revocación del tren rápido México-Querétaro.

De acuerdo con el diario South China Morning Post, el consorcio chino CRCC recibió del Gobierno Mexicano 100 millones de yuanes (alrededor de 16 millones de dólares) como compensación por la cancelación del contrato del tren.

Tres empresarios ligados al poder político en México sufrieron un revés con la decisión de echar abajo la licitación del tren rápido México-Querétaro.

En una inusitada maniobra política de la actual administración –operada desde la Secretaría de Hacienda- se decidió volver a licitar la obra que tendría una inversión de aproximadamente 50 mil millones de pesos.

Siete días después de que se firmara la adjudicación del tren México-Querétaro, en horario estelar en Televisa, el secretario de Comunicaciones y Transportes dijo que la asignación al consorcio mexicano-chino para la obra tendrá marcha atrás. 

El secretario Gerardo Ruiz Esparza dijo a Joaquín López Dóriga que la revocación no fue por problemas en el proceso licitatorio sino directamente por orden presidencial. 

Incluso declaró que él mismo había propuesto a Enrique Peña Nieto la revocación del fallo, aunque no estaba seguro “si fue lo mejor para México”.