A diferencia de hace cuatro meses cuando aseguró que su conciencia estaba tranquila, hoy Ángel Aguirre Rivero difícilmente duerme en paz.

El cerco que rodea al gobernador con licencia de Guerrero se cierra cada vez más. 

Primero, la presión mediática por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas lo obliga a pedir licencia a la gubernatura de Guerrero.

Después, la captura de dos familiares y un exfuncionario de su administración -acusados operaciones con recursos de procedencia ilícita- lo orilla a renunciar al PRD.

La detención de dos familiares y un exfuncionario cercano a Ángel Aguirre Rivero, pone la mira muy cerca del exgobernador de Guerrero, quien aún carga el peso de los señalamientos por su complicidad en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. 

El martes, elementos de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República detuvieron en el puerto de Acapulco a Mateo Aguirre Rivero, hermano del exmandatario junto con otras seis personas.

Por delitos de corrupción y peculado, Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero, fue detenido por agentes federales.

El titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República, Tomás Zerón de Lucio, informó anoche en conferencia de prensa que es acusado de desvío de recursos del erario por un monto de 287 millones 12 mil 594 pesos.

El proceso para identificar genéticamente los 60 cuerpos encontrados este viernes en un crematorio de Acapulco podría tardar hasta 20 días, informó ayer la fiscalía general de Guerrero. 

En conferencia de prensa, el fiscal general del estado, Miguel Ángel Godínez Muñoz, precisó que hasta ahora 107 personas han acudido a la fiscalía regional de Acapulco para preguntar sobre el hallazgo de los cuerpos embalsamados en un crematorio abandonado. 

La petición para liberar a la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Nestora Salgado comenzó en julio del año pasado con la exigencia de una Ley de Amnistía al entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.

El ahora exgobernador sostuvo una reunión con diputados federales que daban seguimiento al proceso penal de “comandanta”, detenida por el Ejército Mexicano desde el 22 de agosto de 2013 en la cabecera municipal de Olinalá acusada de al menos 50 secuestros.