La detención y desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa destapó la nueva cara de la violencia en México: una movilidad del crimen de los grandes centros urbanos a las zonas con menor control de la autoridad.

Las cifras oficiales del último trimestre de 2014 trajeron para México un incremento del 20 por ciento en la violencia, luego de que a partir de 2011 el país había mejorado en algunos delitos, especialmente la extorsión.

En medio del bosque existe una desolada región a la que se llega a través de brechas que se interconectan en la parte alta del Ajusco. Se llama “El llano del vidrio”, y aunque es un referente ecoturístico para ciclistas, fue utilizado por grupos de secuestradores como cementerio clandestino para enterrar a algunas víctimas de plagio.

Por su belleza, “El llano del vidrio” forma parte de una ruta por la sierra del Ajusco que recorre el cerro de Mezontepec, Volcán Pelado y los pueblos de Parres, Tres Marías y el Capulí. 

Hace más de año y medio que la familia Autrique se alejó del rancho Las Cruces en Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, donde crían caballos y siembran. Desde que el patriarca de esa familia fue secuestrado y asesinado por “Los Camacho”, sus deudos tienen miedo a subir a esa zona boscosa del Distrito Federal.

Esta banda de secuestradores a la que se le imputan robos, venta de armas y drogas no es un mito, es una realidad en el Pueblo de Santo Tomás Ajusco, donde se convirtieron en una especie de autoridad alterna.

En medio del blindaje policiaco desplegado por autoridades del Distrito Federal y del Estado de México, Álvaro Sánchez Mirus, abogado presuntamente retirado del Ejército Mexicano, fue decapitado en su casa del Ajusco.

La violencia criminal siempre impulsa a las autoridades en turno a tomarse atribuciones legales y armadas para combatirla. 

Y en Nuevo León existen señales de que al aumentar sanciones penales contra la delincuencia organizada,  las autoridades utilizan estas penas para reprimir a civiles que nada tienen qué ver con la criminalidad. 

Es decir, el riesgo del uso de nuevas atribuciones con fines políticos.