La Procuraduría General de la República emitió una medida cautelar que podría regresar la posesión del casino La Fortuna a sus propietarios legítimos, actualmente recluidos en el penal de Cadereyta.
A través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la SEIDO, la PGR giró la orden de dejar sin efectos un acta de accionistas fraudulenta, que permitió el despojo del centro de apuestas a un grupo de gente dirigido por el juez suspendido Luis Armando Jerezano Treviño.
Javier Estrada