Aunque ahora los litigantes de oficio tienen un mejor salario, en comparación  con años anteriores, aún así persisten en prácticas de corrupción al solicitar compensaciones extras a los procesados para una mejor defensa.

Según consta en la página de transparencia de este instituto, el tabulador de sueldos para abogados llega hasta los 40 mil pesos.

La religiosa Consuelo Morales, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), asegura que los procesados denuncian a los defensores públicos por esta práctica cuando ya están encarcelados. 

Cuando fue procurador de justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera cometió errores que afectaron la vida de muchos a quienes después de sufrir el escarnio público y perder su libertad, fueron exonerados en tribunales.

Mariel, una estudiante acusada de asesinar a un catedrático de la UNAM; Lorena, una policía encarcelada por el plagio y crimen de Fernando Martí, y cuatro comensales detenidos por matar al científico francés Christopher Augur fueron exhibidos como criminales y pasaron años en prisión. Ahora todos están libres. 

Miguel Ángel Mancera se equivocó.

El Instituto de la Defensoría Pública estatal pareciera no tener un plan de austeridad para cuidar su presupuesto de miles de millones de pesos.

Este organismo derrocha cantidades inexplicables en instalaciones eléctricas, suministro de material, conexión de red y datos y hasta en puertas de aluminio para oficinas de reciente creación en los municipios de Santa Catarina y Monterrey.

La Defensoría Pública es un organismo descentralizado, y aunque cuenta con autonomía, en su organigrama depende de la Secretaría de Gobierno estatal.

En Nuevo León, asesorarse por un defensor público durante un caso penal es prácticamente una condena a pisar la cárcel.

La religiosa Consuelo Morales Elizondo, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C. (CADHAC), considera que el trabajo del Instituto de la Defensoría Pública estatal es nulo.

Los defensores parecen tomar a la ligera los casos penales, pues muchos inculpados que hoy en día están en la cárcel no saben quién los está defendiendo. 

Bajo el estigma de una imagen incompetente, el Instituto de la Defensoría Pública estatal atraviesa una crisis interna de transparencia por falta de resultados.

Además, entre la ciudadanía pareciera existir la percepción de que un defensor público es de poca o nula ayuda cuando se enfrenta un caso penal.

Actualmente, el Instituto de la Defensoría Pública no cuenta con un registro de cuántos de sus casos tuvieron un resolución favorable, que pudiera revertir la mala imagen que se tiene de este organismo.