Para el abogado Simón Hernández, las estrategias mediáticas se imponen sobre la agenda de los derechos humanos. 

El asesor del Área de defensa integral del Centro Prodh asegura que la reciente iniciativa del gobernador de Chiapas de echar atrás el Código de Uso Legítimo de la Fuerza, conocido como “Ley Garrote”, se lee como un hecho sintomático. 

Hernández considera que detrás de las reversiones legislativas “se impone un calculo político por parte de los gobernantes”. 

A dos semanas del enfrentamiento en la autopista Puebla-Atlixco que propició la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo aún no hay culpables de lo ocurrido.

La muerte del menor de edad continúa impune. Los responsables del operativo que propició el enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales siguen sin rendir cuentas.

“Tenemos que saber quiénes fueron los responsables y que se les castigue con todo el peso de la ley”, demanda el diputado estatal Ignacio Alvízar Linares.

Muerto y enterrado el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, el gobierno de Puebla insiste en echar más fuego a la hoguera.

Mientras el Congreso de Puebla se apresta a abrogar la polémica Ley Bala a petición del propio gobernador Rafael Moreno Valle, su administración insiste en deslindarse a toda costa de la muerte del menor de edad.

Ayer el procurador Víctor Carrancá salió a escena insistiendo que la muerte de Tehuatlie no fue responsabilidad de los policías estatales y que éstos nunca utilizaron balas de goma sino gases lacrimógenos.

Muerto el niño… 

La “Ley Bala” arrojó su primera víctima mortal el 18 de julio, cuando el menor José Luis Tehuatlie Tamayo -quien resultó herido durante el operativo policiaco contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan- murió.

En el centro de la polémica, varios juristas cuestionaron la legislación que permitía usar fuerzas letales en contextos de manifestación. Pero también señalaron a las autoridades que, por acción y por omisión, son responsables.