La Ley General de Víctimas ha sido una paradoja desde la aprobación de la minuta para su creación.

Víctima de múltiples retrasos, la legislación que busca reparar el daño a quienes han sufrido violaciones a derechos humanos, ha llevado un proceso de más de 3 años para llegar a la promulgación de su reglamento.

La ley comenzó a redactarse en junio de 2011 tras las reuniones de víctimas de la violencia con Felipe Calderón. Ahí se exigió que se garantizara la atención y protección de los afectados por la inseguridad en el país.

Conformar el Sistema Nacional de Víctimas será uno de los primeros retos a los que se enfrentarán los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Susana Pedroza de la Llave, Julio Hernández Barros, Adrián Franco Zevada, Sergio Rochín del Rincón, Carlos Ríos Espinoza, Olga Noriega Sáenz y María Torres Mata, recién electos este martes por el Senado mexicano, tienen diversas tareas por delante entre ellas, que el máximo órgano de atención a víctimas pueda quedar establecido en su totalidad la próxima semana, para que comience a funcionar formalmente.

En plena discusión de la aprobación de la Ley de Víctimas en Jalisco, la Fiscalía General del Estado (FGE) muestra su carácter autoritario y deja en claro que el respeto a los Derechos Humanos no es agenda prioritaria para la dependencia.

En el caso de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y sus familiares, la Fiscalía buscó contener cualquier información que pudiera perjudicar su actuación.

A partir de que la Ley General de Víctimas se publicó en enero pasado se estableció la obligación de que las entidades federativas adecuaran su marco normativo local.

Hasta la fecha, de los 32 estados de la República mexicana, el único que ha armonizado su legislación es Morelos. 

Otros tres estados ya han presentado iniciativas de ley de víctimas a nivel local. Se trata de Nuevo León, Baja California y Jalisco. Mientras que Tlaxcala y Puebla siguen avanzando en la composición de sus iniciativas locales.

Con la presentación de la iniciativa de Ley que busca proteger a las víctimas en Jalisco, y que deriva de la Ley General de Víctimas, una nueva discusión se abre en el estado.

Quién sí y quién no entra en la categoría de víctima, es solo un primer obstáculo que se debatirá en el pleno del Congreso de Jalisco.

Un estado que ha negado en los últimos años la existencia de violencia, desapariciones forzadas, tortura, ataques de cárteles a la sociedad civil y cualquier actividad delictiva.