La concentración de poder en las nuevas súper secretarías del gobierno estatal, apunta a que la aprobación de una nueva ley de transparencia es más que necesaria.

Y es que tanto ésta como una reforma a la Ley de Fiscalización representarían recursos de contrapeso saludables para un mejor funcionamiento democrático del estado. 

La legislación que existe en materia en el estado sobrepone el acceso a la información mediante solicitudes, en vez de permitir el principio de máxima publicidad, que implica poner al acceso de cualquier ciudadano la información sin una requisición de por medio. 

Y es que el catálogo de información fundamental en el proyecto presentado por la fracción panista del Congreso de Jalisco no presenta cambios y facilita que el 85 por ciento de los sujetos obligados eludan su publicación.