Pese a la injerencia directa de la Federación con la designación de un comisionado especial, Michoacán no ha podido remontar su condición de estado fallido. 

A nueve meses de haberse decretado la Comisión para el Desarrollo y Seguridad del Estado, los órganos locales de gobierno aún no alcanzan la solidez prometida. La gubernatura es la institución con mayor descrédito.

En Michoacán, la mayoría de los periodistas tienen miedo.  

Casi todos están convencidos de la imposibilidad para ejercer libremente su profesión sin poner en riesgo la integridad física. Esta entidad en la tercera del ranking nacional en donde las agresiones contra los trabajadores de los medios de comunicación van a la alza. Por encima solo están Tamaulipas y Veracruz.

De la noche a la mañana, Guillermo Valencia Reyes pasó de ser un aliado del PRI a un alcalde incómodo. 

Fue depuesto del cargo cuando denunció que el grupo de autodefensas se estaba nutriendo con exmiembros del cártel de la drogas. Fue señalado públicamente de tener nexos con el crimen organizado. Compareció ante la PGR. Se autoexilio. Fue secuestrado y ahora tensa la situación al intentar reasumir el cargo político que ganó en las urnas como alcalde de Tepalcatepec.

Mientras por un lado las señales más recientes apuntan hacia un pronto retiro de Michoacán, por otro, el comisionado Federal Alfredo Castillo hace cabildeo con diversos grupos sociales para valorar su presencia en la entidad. 

Pero entre las voces que reclaman la salida del comisionado se encuentra la del presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Miguel Ángel Chávez Zavala, quien considera a Castillo “un riesgo para las próximas elecciones”.

No hay ocasión pública que no aproveche para exigir la salida del comisionado.

Tras la nueva movilización de civiles armados para combatir al crimen organizado en Michoacán, se estableció que un grupo de las autodefensas legítimas estará dedicado únicamente a la caza del principal líder de Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, “La Tuta”.