Ni siquiera un “usted disculpe” le dijo el juez que lo liberó. Tuvo que pasar 10 años en la cárcel para demostrar que era inocente. 

El gobierno de Vicente Fox lo acusó de lavado de dinero y delincuencia organizada, que a final de cuentas no pudo demostrar. Todo se fundó en suposiciones de la Procuraduría General de la República (PGR) a la que hoy ha demandado, no para que le devuelvan los diez años de cautiverio injusto, sino para ayudar a sentar el precedente sobre el uso en México de la justicia con fines políticos.

Michoacán es el primer estado de la república en donde los derechos humanos –al menos durante la pasada administración local- fueron letra muerta para las autoridades estatal y federal. 

La omisión con la que actuó no sólo el gobernador Salvador Jara sino la misma Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) obliga a que se haga una investigación a fondo para fincar responsabilidades civiles o penales a quienes permitieron el estado de abandono en el que vivió la sociedad entera.

Sí hubo al menos una ejecución extrajudicial en la matanza del 6 de enero del 2015, ocurrida en Apatzingán, donde elementos de la Policía Federal habían informado oficialmente que el resultado de 12 personas muertas había sido consecuencia de un enfrentamiento contra civiles armados, identificados como miembros del grupo de autodefensas comandados por Luis Antonio Torres, “El Americano”.

Hoy, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán tiene abiertos al menos 32 expedientes que apuntan hacia actos de corrupción ocurridos en la administración de solo un año con cuatro meses y 15 días, de Salvador Jara Guerrero.

También se investigan los manejos financieros “inadecuados” que hicieron al menos siete presidentes municipales.

De acuerdo a fuentes del Gobierno estatal, la Comisión Nacional exige a la Federación que explique la actuación que han tenido algunos grupos de civiles armados en la entidad, pero ella misma no ha sido capaz de resolver por lo menos 120 reclamos de ciudadanos que han sido violentados en sus derechos elementales por parte de esos mismos grupos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos bajo la directriz de la CNDH, tampoco ha resuelto al menos 68 quejas de violación de derechos que se han presentado ante esa instancia.