Aunque el discurso oficial del Gobierno de Jalisco asegura priorizar la prevención de la violencia y la delincuencia, los recursos empleados en adquirir armamento no parecen respaldarlo. 

La administración jalisciense se ha vuelto uno de los principales compradores de armas de todo el país, destinando a ello decenas de millones de pesos de su presupuesto.