Comienzan a caer las cabezas de los involucrados en el fallido programa “Rápido y Furioso”.

Gary Grindler, alto funcionario del Departamento de Justicia norteamericano, fue señalado por legisladores del partido republicano en la investigación sobre el programa de rastreo de armas en México.

Grindler, quien es jefe del gabinete del secretario de Justicia Eric Holder, anunció que renunciará este viernes.

La tesis de que el gobierno federal mexicano es cómplice pero miente alegando desconocimiento, lo cual tipificaría como traición a la Patria, en el caso del operativo ilegal Rápido y Furioso, parece ganar terreno.

La operación, realizada  por el Departamento de Justicia de EU desde 2007, para identificar las redes de tráfico ilegal de armas a México. Resultó un fiasco, ya que la Oficina de Tabaco, Armas de Fuego y Contrabando (ATF) perdió todas las pistas de las armas, que terminaron en manos del narcotráfico.

El presidente Felipe Calderón y algunos funcionarios podrían haber incurrido en traición a la patria, tráfico de armas y asociación delictiva, entre otros delitos, de comprobarse que conocían el operativo “Rápido y Furioso”, considera el secretario de la Comisión de Gobernación, diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En tal caso, se podría proceder legalmente, tanto en el ámbito penal como civil, contra los responsables. Pero si el gobierno federal continúa negando que estaba al tanto de esta operación, se tipificaría como violación a la soberanía nacional. 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha fallado en todo con Rápido y Furioso. Falló en hacer cumplir la ley, en garantizar la seguridad pública y en hacer rendir cuentas a los responsables de esta operación “mortal y desastrosa”.

Lograr una expedita indemnización a las víctimas del operativo “Rápido y Furioso”, obligar al gobierno mexicano a revelar información sobre el caso y exigir la renuncia del procurador estadounidense Eric Holder, es una propuesta binacional formulada entre un grupo de legisladores de México y Estados Unidos, de acuerdo con el diputado federal del PT, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.