Ponerse de acuerdo para tapar los miles de baches que inundan las calles de Monterrey y su área metropolitana. Mejorar la seguridad y detener la ola de robos que azota la Ciudad. Castigar, en el caso de Monterrey, por ejemplo, los actos de corrupción de la administración regia que encabezó la panista Margarita Arellanes. Reducir la deuda municipal. Iniciar al menos un proyecto de obra pública. Bajar la nómina, reducir los sueldos y el gasto de los servicios personales.

Tarde o temprano la regidora sampetrina, María del Carmen Elosúa, se iba a enfrentar ante un conflicto de interés propiciado por su profesión y por los intereses de su familia en el mercado inmobiliario.

Ese momento ha llegado para Elosúa: como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de San Pedro le tocará resolver el permiso que está presentando el desarrollo Arboleda para construir más departamentos en en el sector de Valle Campestre.

¿Cuál es el problema?

Los vetos que ordenó el gobernador Jaime Rodríguez a dos reformas aprobadas por el Congreso estatal anticipan cómo serán de ríspidas este año las relaciones entre el Ejecutivo y Legislativo.

“El Bronco” vetó la Ley de Participación Ciudadana y las reformas a la Ley Antitabaco, que impulsó el panista Arturo Salinas en el Congreso.

No sólo las vetó. Su secretario general de Gobierno, Manuel González, prácticamente llamó ignorantes a los legisladores.

El cupulazo se impuso ayer en la CMIC para nombrar a José Gutiérrez, dueño de la constructora Prisma, como nuevo presidente de este organismo.

El constructor Manuel Ramos, contrincante de Gutiérrez, descalificado por “malas prácticas”, hizo algo de ruido pero no logró impedir que se consumara el dedazo.

Nos aseguran constructores que el gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” nunca bajó línea para que su amigo, Manuel Ramos, quedara al frente de la CMIC.

De pronóstico reservado se espera hoy la asamblea de la CMIC, en donde se tratará de elegir presidente de este organismo a José Gutiérrez, dueño de la constructora Prisma.

Hasta ayer se seguía moviendo el constructor Manuel Ramos, apoyado por el gobernador Jaime Rodríguez, “El Bronco”, para defenderse legalmente de la descalificación que orquestó la cúpula de la CMIC en su contra.

El constructor buscaba obtener un amparo para evitar el cupulazo que logró descalificarlo del proceso de elección.