La bancada del PRD en el Senado le pidió al presidente Enrique Peña Nieto pasar de las palabras a los hechos.

Si no hay intocables en su gobierno, como ha dicho públicamente, que lo pruebe, y con los de su propio partido.

El coordinador de los legisladores del sol azteca en la Cámara Alta, Miguel Barbosa, aseguró que es en el primer círculo de Peña Nieto donde pueden encontrar a los primeros personajes del perfil de los que asegura que su gobierno no permitirá.

El domingo pasado durante la asamblea nacional del PRI, el presidente Enrique Peña Nieto dejó claro que los temas importantes de sus primeros meses serán las reformas estructurales. Ya se vio esto con la reforma educativa, la que tiene en mente ahora es la energética. 

Aunque alguna vez opuesto a la medida, el partido parece haber retrocedido en algunas de sus promesas populares, prefiriendo optar por soluciones de plazo más largo. 

Esto se puede ver en la intención de reformar la estructura de Pemex para buscar la innovación y eficiencia. 

El diputado Luis Alberto Villarreal, coordinador de la bancada panista en San Lázaro, presentó el martes pasado un proyecto de decreto para una reforma constitucional que dote de autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR), que pasaría a llamarse Fiscalía General de la República, así como al Ministerio Público Federal.

Con esta iniciativa se busca que la PGR no esté, como se acepta implícitamente, bajo la tutela del Poder Ejecutivo. A quien ocupase el cargo de Fiscal General de la República se le llamaría, de acuerdo con esta propuesta, “abogado de la nación”.

El PRI quiere dar todo el poder al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI). 

Busca dotarlo de dientes, mayor presupuesto y una capacidad sancionadora contra los sujetos obligados que incumplan con sus obligaciones de transparencia. 

Son cambios en la ley que van a tono con la propuesta del presidente Felipe Calderón Hinojosa sobre el tema de transparencia estatal y que están a discusión en el Senado. 

La iniciativa tendrá que ser aprobada de forma preferencial antes de que termine el mes de  septiembre. 

La opacidad en la rendición de cuentas es, sin duda, el mayor reto que tiene el gobierno para transparentar el ejercicio de los recursos presupuestales que cada año se mandan a estados y municipios.

Sobre todo, para que la sociedad conozca cuántos ingresos obtienen, cuál es su fuente, en qué y cómo se gastan los recursos públicos, y así lograr una mayor eficiencia en el manejo del gasto.