El 8 de octubre de este año, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, aseguró que el Ejército Mexicano no está preparado para participar en las misiones internacionales que realizan las Naciones Unidas, debido a su escaso respeto por los Derechos Humanos.

Un mes antes, Amnistía Internacional (AI) publicó un informe en el que aseguró que la práctica de la tortura por parte de fuerzas de seguridad en México es “generalizada y persistente”.

Detalló que en la última década el número de denuncias de tortura aumentó casi un 600 por ciento. 

El presidente de México Enrique Peña Nieto cambió radicalmente el paradigma de la administración de Felipe Calderón respecto al objetivo de las Fuerzas Armadas de México. Ahora ya no lanza a los militares a ninguna guerra. Al contrario, los envía a construir la paz.

Peña Nieto no llegó la mañana de ayer al homenaje que le brindaron las Fuerzas Armadas, en el Heroico Colegio Militar, enfundado en una casaca verde olivo. Su discurso tampoco hizo jamás referencia a una guerra contra el crimen organizado de la que los mexicanos suelen estar hartos.

La alcaldesa electa de Monterrey pondrá al frente de sus áreas más susceptibles en el tema de seguridad a un contralmirante de la Marina Armada de México, pero éste tendrá que coordinarse con soldados.

Y la reputación de las relaciones entre marinos y soldados es históricamente problemática, aunque también es cierto que la disciplina puede convertir las diferencias en afinidades.

El capitán de navío y contralmirante Augusto Cruz Morales llega a la administración de Monterrey con las mejores medallas.

Una nueva guerra se está librando dentro de los cuarteles militares de México: un grupo de generales se están enfrentando entre sí para ocupar la silla de la Secretaría de la Defensa Nacional el próximo sexenio. Y para lograrlo, se ha filtrado información que pone en riesgo al propio Ejército.

La revelación en un diario nacional de documentos que detallan pormenores de la compra de equipo táctico de comunicación y vigilancia por 5 mil millones de pesos, ha causado un profundo malestar dentro de las fuerzas castrenses.