Jalisco tendrá que hacerse a la idea de que su ingreso al Sistema Nacional Anticorrupción le implicará otorgarle el rol de ente sancionador al Tribunal de lo Administrativo del Estado (TAE), una de sus instituciones más deslegitimadas y bajo la sospecha permanente de tratos sucios.

Es decir, que el TAE, constantemente envuelto en acusaciones de corrupción y de favorecer al sector inmobiliario para evadir las normas urbanísticas, será ahora el responsable de castigar las faltas administrativas graves de los servidores públicos de Jalisco y de los particulares que se coluden.