En México, el otorgamiento, modificación, prórroga, rescate y otras facultades relacionadas con las concesiones sobre bienes de la nación están sometidas a la discrecionalidad del presidente.

“El Ejecutivo puede utilizar a su capricho el que una concesión pueda ser prorrogada, revocada, rescatada, negociada”, dice Purificación Carpinteyro. 

Esto entraña un serio problema dado que, de acuerdo con la diputada electa por el PRD, “no puede ser que los bienes de la nación y su concesionamiento quede a las veleidades del Ejecutivo en turno”.

El conflicto por la banda 2.5GHZ pone de relieve “el uso discrecional y arbitrario de la ley para beneficiar a algunos actores o para perjudicar a otros que son incómodos”, dice Aleida Calleja.

Para la presidenta de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI) atestiguamos una decisión precipitada a tres meses de que la administración de Felipe Calderón concluya.

Con un complejo proceso litigioso, “como si necesitáramos uno más en el sector”. Y sin que nadie pueda utilizar esa banda mientras el mismo dure.

El enfrentamiento entre la empresa MVS y el gobierno federal refiere “un litigio complejo, grave, delicado; de consecuencias preocupantes para la sociedad mexicana y en donde están entreverados asuntos políticos y financieros”.

Así opina Raúl Trejo Delarbre, doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México (UNAM). 

Los asesores jurídicos de MVS presentarán a los integrantes de la próxima legislatura una propuesta de modificación a la Ley de Radio y Televisión para garantizar que todos los mexicanos tengan acceso al uso de la banda ancha.

Pero también propondrán cambios de fondo a los próximos integrantes de la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados para, como respondió en la conferencia de prensa el miércoles pasado Joaquín Vargas, a pregunta expresa de Reporte Indigo:

“Tu proyecto de la 2.5 GHz tiene méritos propios, pero si recontratas a la periodista, tu proyecto se lo lleva la chingada”.

Eran las siete y media de la noche del 6 de febrero de 2011.

Javier Lozano, entonces secretario de Trabajo de Felipe Calderón, se había reunido con el director de MVS, Joaquín Vargas, en la casa de un amigo mutuo, para lanzar la amenaza.

Y es que el viernes previo, el 4 de febrero, aunque no se había hecho público, los directivos de MVS decidieron que ése había sido el último día del programa Aristegui Noticias.