En pleno proceso electoral, la nueva Ley de Información Pública de Jalisco cierra las puertas a ciudadanos y periodistas y los amenaza con sanciones penales.

En un estado en el que se aprobó y entró en vigor la primera legislación de transparencia en el país en 2002, ahora se amaga con cárcel a la ciudadanía si revela información sobre la toma de decisiones públicas.

Este retroceso en transparencia tiene a académicos, juristas y líderes empresariales impugnando la nueva norma por su inconstitucionalidad.