Es triste que la violencia en el país destruya vidas de inocentes.
Pero lo verdaderamente desgarrador, es que los ataques apunten hacía las pocas luces encendidas por y para la juventud mexicana.
En un país donde más de 23 mil jóvenes han sido reclutados por el crimen organizado en los últimos seis años, los esfuerzos mantenerlos lejos de la delincuencia deberían tener una especie de blindaje.
Los casos de tortura en México no suelen ocupar los titulares en los periódicos. Sin embargo, la tortura se ha convertido en el problema silencioso más problemático de la guerra contra el narco.
De acuerdo al reporte “En nombre de la ‘guerra contra la delincuencia’” hecho por la ONG francesa ACAT, entre enero de 2007 y febrero de este año, fueron reportados 251 casos de tortura- 42 de ellos en 2011- ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Un importante incremento si se considera que en el 2006 sólo se presentaron 6 denuncias de este tipo.
El periódico El Norte fue objeto de dos ataques el martes.
En la madrugada, justo antes de las 5 de la mañana, la sucursal de la edición La Silla fue atacada con explosivos. En el incidente en las oficinas en la avenida revolución no hubo víctimas. Las primeras investigaciones indican que en el lugar estallaron dos granadas.
Alrededor de las 16:30 horas y mientras aún se hacían las investigaciones del primer atentado, un segundo ataque ocurrió en el este de la zona conurbada de Monterrey.
Se le venció el plazo legal a Felipe Calderón para promulgar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Ante su omisión, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo: solicitar al presidente del Senado realizar lo que el Ejecutivo federal ignoró. A partir de ayer, José González Morfín tiene 10 días para promulgar la ley aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 31 de abril.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Mesa sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) presentaron un documento que amenaza con levantar ámpula.
El pasado 31 de mayo publicaron un informe en La Haya titulado “La Guerra se mide en litros de sangre. Falsos positivos, crímenes de lesa humanidad: más altos responsables en la impunidad”.
