La contaminación que origina en Jalisco el robo de hidrocarburos, y los severos derrames que causan las tomas clandestinas, han rebasado la capacidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) para subsanar este impacto ambiental que legalmente está obligado a hacer.

De los 31 sitios de Jalisco contaminados a causa de la sustracción de hidrocarburos por el crimen organizado, identificados por el área de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SIPA) de Pemex Refinación, ninguno está clasificado aún en etapa de remediación o saneamiento.

Tras el duro golpe que significó la muerte de 15 oficiales en Soyatán el pasado lunes 6 de abril, el enfrentamiento más cruento en la historia de Jalisco, la Fiscalía General del Estado (FGE) seguirá concentrando poder y facultades, ahora como “juez y parte” en la evaluación y depuración de las fuerzas de seguridad. 

El difícil entorno económico ha llevado a los Gobiernos federal y estatal a recurrir a medidas de austeridad.

El Gobierno central va incluso por un presupuesto base cero para el 2016; pero en la Universidad de Guadalajara (UdeG) sus dirigentes no se inmutan y se privilegian con choferes a los que pagan aproximadamente hasta 40 mil pesos por mes.

Reporte Indigo obtuvo de la UdeG un informe para conocer cuántos recursos dirige a ese gasto suntuario, y para comodidad de quienes integran su cúpula.

Directivos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) encontraron la manera de burlar los controles administrativos que limitan los salarios de sus funcionarios, para romper las barreras fijadas y otorgar ingresos extraordinarios de hasta 80 mil pesos.

Para lograrlo, la casa de estudios ha registrado en su nómina oficial a funcionarios con plazas a las que les corresponden salarios muy bajos.

Y al mismo tiempo autorizándoles otro pago mediante un contrato de honorarios, lo que les significa un sueldo paralelo o una doble retribución, a cargo del presupuesto público. 

El combate frontal al crimen organizado que emprendió el Gobierno federal en su pasada administración, y que se mantiene en lo esencial, ha dejado más de un centenar de servidores públicos muertos en Jalisco, básicamente del Estado y municipios, incluyendo representantes populares.  

Los asesinatos de 138 servidores públicos figuran entre las investigaciones del Ministerio Público (MP) local en un lapso de ocho años.