La contaminación que origina en Jalisco el robo de hidrocarburos, y los severos derrames que causan las tomas clandestinas, han rebasado la capacidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) para subsanar este impacto ambiental que legalmente está obligado a hacer.

De los 31 sitios de Jalisco contaminados a causa de la sustracción de hidrocarburos por el crimen organizado, identificados por el área de Seguridad Industrial y Protección Ambiental (SIPA) de Pemex Refinación, ninguno está clasificado aún en etapa de remediación o saneamiento.

El robo de hidrocarburos, hoy tan común en Jalisco, no es una actividad delictiva nueva o de reciente aparición en la entidad, por el contrario, tiene antecedentes que se remontan a por lo menos a 16 años atrás, de acuerdo con informes de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La impunidad reina cuando se trata de tomas clandestinas. 

Un total de 19  fugas de hidrocarburos se han detectado en territorio jalisciense en el primer trimestre del año sin que las autoridades ejerzan de manera efectiva acciones de sanción, mucho menos de prevención.

La cifra resulta alarmante considerando que en el mismo periodo, pero del 2012, solo hubo 11 tomas clandestinas. Un año después la cifra es casi el doble.

El robo de hidrocarburos se ha convertido en una fuente millonaria de ingresos para el crimen organizado, que se disputa la ordeña de ductos en varios estados del país.

En Jalisco y en Nuevo León, diferentes organizaciones delincuenciales pelean por el control de los corredores por donde pasan las tuberías de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En otras entidades, el robo de hidrocarburos es monopolio del grupo criminal que domina la plaza, es decir, el estado.