En los próximos días el gobernador Rodrigo Medina vetará la reforma a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable aprobada en el Congreso la semana pasada. Eso se veía venir.

El rechazo a esta reforma legislativa fue una de las monedas de cambio que entregó el Estado para conseguir desactivar la crisis con los transportistas encabezados por el líder de la CTM, Ismael Flores.

Los diputados del PAN pretendían con esta reforma de ley que fuera el Congreso del Estado –y no el Ejecutivo- el que autorizara cada año las tarifas que cobran los camiones.

Los cuatro senadores de Nuevo León no se olvidaron de sus amigos y lograron meter a algunos de ellos para que cobren en la nómina del Senado como asesores.

La nómina senatorial incluye a colaboradores cercanos de las priistas Cristina Díaz, Marcela Guerra, Ivonne Álvarez y del panista Raúl Gracia, todos dados de alta como “prestadores de servicios profesionales legislativos”.

Las prebendas que el Gobierno del Estado les ha entregado históricamente a  los transportistas, encabezados por la CTM,  hoy fueron utilizadas en contra de los intereses de los ciudadanos.

La tarjeta de prepago electrónico Feria, que el Estado concesionó su operación a una empresa manejada exclusivamente  por los transportistas, fue utilizada esta vez para suspender de la noche a la mañana el descuento que gozaban los usuarios en su segundo viaje.

Los diputados del PAN lograron lo que podría ser una victoria pírrica, al conseguir que sea el Congreso del Estado –y no el Ejecutivo estatal- el que fije de ahora en adelante las tarifas del transporte urbano.

En un aparente agandalle, los panistas aprovecharon la ausencia de los legisladores del PRI para aprobar en sesión extraordinaria una reforma a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado y apropiarse de la atribución de autorizar las tarifas camioneras.

El lunes pasado por la noche estaba planeada la venganza de Raúl Gracia contra el alcalde de San Pedro, Ugo Ruiz, por el despido de funcionarios del grupo del senador.

Estaba todo listo en el Comité Municipal de San Pedro, pero a Gracia no le salió la jugada.

Primero se puso a votación el crear una comisión que revisara si fueron justificados los despidos del exsecretario particular del alcalde, Mauricio Farah, así como del extitular de Participación Ciudadana, Luis Susarrey.