Compra de jugadores, árbitros y el amaño de partidos, son los siguientes pasos que pueden darse en el balompié nacional.
Desde hace una década, la relación entre los cárteles y el futbol mexicano se ha agudizado con temas delicados que dañan una parte importante de la estructura social. Pues de ser un espectáculo de esparcimiento, se ha convertido en objeto de investigación de las autoridades judiciales en nuestro país.
Apenas en enero del presente año, Omar “El Gato” Ortiz se relacionó con una banda de secuestradores ligada al Cártel del Golfo, participando en un par de eventos que le generaron unos 200 mil pesos aproximadamente y una condena cercana a los 50 años de prisión por su relación con el crimen organizado.
En junio de 2011, Jorge Hank Rhon fue sorprendido por agentes del Ejército cuando se encontraba en su vivienda junto con otras 10 personas y en posesión de 88 armas de diverso calibre. Al parecer, este arsenal iba a ser repartido entre narcotraficantes. Debido a las imputaciones penales, el club Tijuana de fútbol, del cual su grupo inversionista es propietario, se cuestionó su desafiliación de la Primera División, aunque la Federación Mexicana de Futbol desmintió el tema ya que el propietario en las actas es el hijo del empresario, Jorge Alberto Hank Inzunsa.
En 2008, siete integrantes del club Mapaches de Nueva Italia, de la Tercera División fueron detenidos por la PGR tras sospecharse su relación con el cartel de La Familia, que opera en el estado de Michoacán.
Una de las formas de “protección” que tiene la FMF es la de exigir una fianza de cinco millones de dólares a los equipos de la Primera División y que los dueños e inversionistas tengan trayectorias reconocidas.
En 2005, los Gallos Blancos de Querétaro fueron forzados a dejar la categoría y su propietario, Jorge Vázquez Mellado, fue declarado persona non grata luego de ser señalado por su relación con el lavador colombiano Paúl Solórzano, mejor conocido como “Geovanni Ávila”.
Otro caso que despertó muchas dudas en cuanto a quiénes manejan a los equipos de Primera División fue el del empresario Carlos Ahumada, quien compró los equipos Santos Laguna y León, pero los tuvo que dejar tras verse involucrado en un escándalo de desvío de recursos.
En mayo de 2004, el presidente del club Universitario de Deportes de Perú, Alfredo González, solicitó a la DEA una investigación a Jorge Vergara por presunto lavado de dinero al confirmarse la intención del dueño de Chivas por comprar la franquicia del club mencionado.
Tres meses después, Enrique de la Garza, entonces presidente de la Primera División A, también se vio implicado en una polémica similar al ser exhibido en un diario nacional en una fotografía tomada en 2002 en amena charla con José Tirso Hernández Félix, presunto propietario del Irapuato y señalado como el principal lavador y distribuidor de cocaína del Cártel de Juárez.
El 11 de abril de 2002, el futbolista colombiano Carlos Álvarez Maya, del Necaxa, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por pretender viajar a su país con más de un millón de dólares en fajos de efectivo.
Originario de Cartagena de Indias, el deportista fue acusado de lavado de dinero por querer salir del país con un millón 28 mil 500 dólares que ocultó en paquetes dentro de su equipaje.
En aquel entonces, Álvarez Maya declaró que había aceptado transportar el dinero a su país por tener deudas en México, algunas de más de 15 mil pesos, las cuales se habían generado por no lograr un contrato en el futbol mexicano.
Historia que no es nueva
El lavado de dinero en los clubes mexicanos cobró fuerza esta semana, pero hace un par de años ya se habían dado declaraciones que aseguraban la existencia de esta práctica.
Fernando Rodríguez Mondragón, hijo del extraditado narcotraficante colombiano Gilberto Rodríguez Orejuela, declaró en 2009 a el Universal.
“Es de conocimiento en Colombia que hay narcotraficantes (de México) que están lavando dinero por intermedio de los equipos, están comprando jugadores con transacciones oscuras donde hay cuentas en Bahamas, en los paraísos fiscales y por ahí están lavando el dinero, dicen que realmente cuesta 2 millones de dólares, y dicen que cuesta 20 y con eso lavan 18 millones de dólares fácilmente”, declaró el también sobrino de Miguel Rodríguez Orejuela, líder del Cártel de Cali.
