El dilema del FMI
Grecia ha vuelto a los titulares. Antes del ascenso de Donald Trump y antes del referéndum de Reino Unido pidiendo la salida de la Unión Europea (Brexit), la crisis de deuda griega figuraba en lo alto de la lista de riesgos globales de los inversionistas.
En medio de un ambiente de incertidumbre mundial sin precedentes desde la Gran Recesión de 2009, Grecia continúa siendo una preocupación constante para el sistema financiero mundial, particularmente para la sostenibilidad de la Zona Euro.
Rodrigo Carbajal
Grecia ha vuelto a los titulares. Antes del ascenso de Donald Trump y antes del referéndum de Reino Unido pidiendo la salida de la Unión Europea (Brexit), la crisis de deuda griega figuraba en lo alto de la lista de riesgos globales de los inversionistas.
En medio de un ambiente de incertidumbre mundial sin precedentes desde la Gran Recesión de 2009, Grecia continúa siendo una preocupación constante para el sistema financiero mundial, particularmente para la sostenibilidad de la Zona Euro.
En un reporte reciente, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó a la carga de deuda de Grecia como un elemento que podría tornarse “explosivo” en el 2030.
Sin embargo, la emergencia podría ser más inmediata. Los acreedores de la deuda griega están solicitando una revisión de la implementación de medidas de austeridad para poder liberar los fondos pendientes del paquete de rescate.
El gobierno griego necesita estos fondos para evitar una suspensión de pagos en verano, cuando tendrá que cumplir con obligaciones financieras de 10.5 mil millones de euros. Estas representan una fracción sustancial del monto total del paquete de rescate (86 mil millones de euros), el tercero en menos de una década.
Además del impacto en la volatilidad de los mercados, analistas refieren que es altamente probable que un default de la deuda de Grecia derive en la salida del país de la Unión Europea. Esto presionaría aún más al deteriorado cuadro geopolítico en el que los movimientos anti sistema avanzan en ambos lados del Atlántico.
En el 2015, el gobierno griego llegó a un acuerdo con sus acreedores en el que se comprometió a lograr un superávit fiscal de 3.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) para el 2018.
No obstante, el problema es que este objetivo es poco realista. En un memorándum confidencial del FMI que fue filtrado a la prensa, los economistas de la institución advierten que Grecia es incapaz de liberarse de la onerosa carga de deuda (177 por ciento del PIB) por sí misma, aún si las reformas impuestas se ejecutan religiosamente: “Grecia requiere de una quita de deuda sustancial de parte de sus socios europeos para restaurar la sostenibilidad de la deuda”.
En este marco tuvo lugar la reunión de la Junta de Directores del FMI, celebrada ayer, en la que se evaluó si el rol del organismo como acreedor de la deuda griega se apegará al status quo o empujará a favor de una reducción de deuda que sea significativa.
La semana pasada, el ministro de finanzas de Grecia declaró que un tercio de la revisión de las políticas de austeridad estaba totalmente terminada, que otro tercio estaba totalmente acordado y que el último tercio aún estaba sujeto a negociaciones políticas.
Syriza vs Europa
Syriza, el partido del primer ministro Alexis Tsipras, llegó al poder gracias a una retórica de confrontación hacia las políticas de austeridad impuestas por el FMI, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea.
Pero ya en el poder, el gobierno de Tsipras se vio orillado a implementar las políticas de consolidación fiscal y recorte de beneficios a las que se oponía originalmente. Esto minó su credibilidad y capital político.
Por ello, Syriza y la coalición gobernante ha impuesto una última línea de defensa: no aceptar ninguna medida adicional de austeridad. El desempleo se ubica en un nivel de 23 por ciento y alrededor de un tercio de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza.
En las últimas dos semanas, la tasa de interés de los bonos de deuda griegos a dos años se ha elevado de un 6 por ciento a un 10 por ciento, poniendo de relieve el creciente riesgo de impago y la tensión entre el gobierno y sus acreedores.