Crimen sin castigo

En el 2016, las empresas perdieron casi 1.6 mil millones de pesos por corrupción regulatoria en México, de acuerdo a una estimación realizada por el INEGI a partir de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental.

En ese mismo año, el país cayó 28 lugares en el Índice de Percepción de Corrupción en el sector público que elabora Transparencia Internacional. México se ubica en el lugar 123 de 176.

Ésta representa apenas una visión limitada de los costos económicos de la corrupción. En febrero, la firma de auditoría PwC publicó un reporte en el que proyecta que el crecimiento de la economía mexicana estará limitado a una tasa de 2.6 por ciento anual durante los próximos 13 años. La cifra, se argumenta, está topada por el clima de corrupción y mala calidad regulatoria que prevalece en el país.

Cultural o no, la corrupción es un fenómeno que permite hacer extrapolaciones de la calidad del Estado de Derecho y de la independencia judicial de un país, dos elementos vitales para el desarrollo del sistema de libre empresa. La encuesta del INEGI, publicada esta semana, refiere que las empresas que operan en México perciben un mayor nivel de corrupción del que padecen.

En la toma de decisiones económicas, las expectativas son casi tan importantes como la realidad misma. En ese sentido, la falta de claridad en el combate a la corrupción y la impunidad en el país explican en gran medida esta divergencia, entre percepción y realidad.

El caso Odebrecht, el escándalo corporativo de más alto perfil en la historia de América Latina, es el ejemplo por excelencia. A diferencia de otros países de la región, donde la crisis mediática ha llegado al grado de incidir en la renuncia de jefes de Estado, en México se ha avanzado poco.

De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados Unidos, la compañía brasileña de construcción gastó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países para la obtención de contratos de infraestructura. En México, se destinaron 10.5 millones de dólares para un alto ejecutivo de una empresa paraestatal. Esta información es del dominio público desde hace siete meses, pero las autoridades mexicanas aún no reconocen públicamente quién recibió este soborno. 

El tratamiento del caso contrasta con las medidas tomadas por otros gobiernos latinoamericanos.

Ayer, el Ministerio del Interior de Argentina retiró a Odebrecht de la nómina de oferentes de obra pública. La compañía brasileña tiene prohibido participar en cualquier licitación pública en los próximos 12 meses.

La medida fue tomada por el Consejo de Registro de Constructores y Firmas Consultoras de Obras Públicas, que depende del Ministerio del Interior, y que es dirigido por Rogelio Frigerio.

 “Se está en presencia de fuertes y convincentes indicios de la participación de la empresa en prácticas de corrupción, los que resultan incluso de la documentación aportada por la propia empresa”, se explicó a través de un comunicado.

¿Existe el caso Odebrecht en México?

En mayo, la justicia brasileña dijo que entregaría a otros países la información sobre los sobornos internacionales aceptados por Odebrecht, con la condición de que los funcionarios de esa compañía queden a salvo de juicios y de que se evite la exposición pública de pruebas.

Por su parte, en México, el caso Odebrecht como tal no existe, porque se limita a ciertas pesquisas derivadas del caso a nivel internacional. Sin embargo, una investigación a niveles de la PGR o de la Secretaría de la Función Pública no figura de manera relevante.

Valeria Moy, directora de México ¿Cómo vamos? expresó que es escandaloso que el tema Odebrecht no sea un escándalo más grande en México por el ruido que provocó a nivel mundial.

“Me parece que el hecho de que Odebrecht salga y diga ‘nosotros sobornamos a gente en México y aquí nadie dice nada’ me parece tristísimo; parece increíble que hayamos normalizado la corrupción” , afirmó.

En ese sentido lamentó la falta de acción de las autoridades.

“Mi impresión (puedo estar equivocada) es que la corrupción es como una enredadera (..) mucha gente está metida en muchos niveles”.

“¿Por qué ningún partido político toma la causa de la corrupción con seriedad?, ¿Por qué el Sistema Nacional Anticorrupción tiene cero pesos asignado en el presupuesto?; yo sí creo que es que las ramas de la corrupción llegan a lo más profundo de nuestra política y de nuestra sociedad”, apuntó.

Agilizar trámites

La corrupción en materia regulatoria en México costó 1.6 mil millones de pesos, a empresas el año pasado, señaló la Encuesta Nacional de  Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, de INEGI.

A la presentación de los resultados del ejercicio asistió el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, quien señaló que la encuesta servirá para afinar la puntería de las políticas públicas en materia regulatoria.

El sondeo de INEGI arrojó que seis de cada 10 empresas establecidas en el país piensan que la corrupción agiliza los trámites.El 64.6 por ciento de las unidades económicas que consultó el estudio considera que estos actos se producen para agilizar los trámites; el 39.4 por ciento para evitar multas o sanciones y un 30.7 por ciento para obtener licencias o permisos.

Valeria Moy dijo que el reporte de INEGI no se refiere al costo de la corrupción en sí, es decir que habla de la calidad regulatoria y del impacto gubernamental en las empresas.

“Entre más trámites haya, más le  abres la puerta a la corrupción”, declaró.