El derecho a un ingreso universal de capital ha emergido, entre los círculos de la academia económica, como la solución a los retos que presenta la cambiante economía global. La idea de que cada ciudadano deba recibir un ingreso periódico garantizado de parte del gobierno se piensa como un contrapeso a la pérdida de empleos que representa el cambio tecnológico y a la creciente desigualdad.
Si algo quedó de manifiesto en el 2016 fue que el orden económico actual y las instituciones que han regido las relaciones políticas en las últimas tres décadas podrían estar al borde del colapso, al menos en los países avanzados.
El consenso de analistas argumenta que la victoria electoral de Donald Trump obedece en gran medida a la desigualdad que de rivó de la apuesta de las élites por un modelo de globalización.
Para el candidato republicano fue vital el triunfo en los estados del cinturón de óxido, regiones que dependían de una industria manufacturera cuya producción se ha trasladado hacia países emergentes de bajo costo.
El desempleo prevaleciente en estas regiones se conjugó con un deterioro de la desigualdad de riqueza y de ingreso. De acuerdo a los economistas Emmanuel Saez (coautor de Thomas Piketty en “El capital en el siglo XXI”) y Gabriel Zucman, el 0.1 por ciento de los estadounidenses más ricos cuenta con la misma proporción de riqueza nacional que el 90 por ciento de los estadounidenses menos ricos.
Esta dinámica no se ha definido exclusivamente por la creciente globalización de los últimos 30 años, sino también por el cambio tecnológico que ha desplazado a millones de empleos, particularmente en las economías avanzadas.
Desde el año 2000, se ha perdido cinco millones de empleos manufactureros en Estados Unidos. Analistas atribuyen esta tendencia a la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Esta cifra pone en su justa dimensión a la amenaza que representa la automatización y el desarrollo de la inteligencia artificial para el futuro laboral de las economías modernas. De acuerdo a un estudio publicado por el Foro Económico Mundial, para el 2020, más de cinco millones de empleos serán desplazados por el cambio tecnológico.
Las implicaciones políticas de esta tendencia son enormes.
No es casualidad que el Foro Económico Mundial de 2016, celebrado anualmente en Davos, Suiza, haya tenido como tema principal a las perspectivas, que supone el desarrollo de tecnología para la economía global.
Esto pone de relieve la necesidad de nuevos arreglos institucionales, que lidien con las implicaciones de la automatización, entre las que se encuentran, un aumento en la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población.
Adeptos de alto perfil
El derecho al ingreso universal de capital ha ganado adeptos en los extremos del espectro político y en el sector tecnológico.
Yanis Varoufakis, el ex ministro de finanzas de Grecia que es comúnmente asociado con la izquierda radical europea, argumenta que desde la revolución industrial, el cambio tecnológico no había sido tan amenazante.
Considera que la automatización desplazará más empleos de los que la innovación tecnológica está creando.
En la derecha, Charles Murray, del centro de investigación American Enterprise Institute, sostiene que el derecho al ingreso universal de capital es un garante de libertad económica que podría sustituir la presión de mantener un oneroso e ineficiente sistema de seguridad social.
Asimismo, Elon Musk, el fundador de PayPal y director general de Tesla, encuentra la aplicación de esta política pública como una solución inevitable a las adversidades que pueda presentar el cambio tecnológico en el mercado laboral.
Uno de los argumentos más utilizados a favor del derecho al ingreso universal de capital es que éste asegura un piso parejo para los diferentes sectores de la población.
También se hace referencia a que este pago compensa a agentes que contribuyen a la sociedad, pero no p u e d e n m o n e t i z a r este beneficio, como es el caso de las madres de familia y de los artistas que componen la llamada “clase creativa”.
El diablo está en los detalles
Como es usual en el campo de la política económica, el mayor reto está en la ejecución. La mayoría de los esquemas piloto del derecho al ingreso universal de capital están anclados a una redistribución del ingreso a través de un cambio en la política de impuestos.
En junio, un referéndum en Suiza rechazó la implementación de esta política, que pretendía abrir el camino a un pago periódico de 2,500 francos suizos.
Sin embargo, Varoufakis argumenta que esta política no debe ser financiada a través de impuestos porque generaría problemas de incentivos: “No debemos gravar a Jill para pagar a Jack”.
En cambio, el ex ministro de finanzas de Grecia propone obtener este beneficio a partir de los retornos al capital, creando un fondo independiente de cada una de las ofertas públicas iniciales de las empresas que se beneficien del rendimiento que genera dicho capital.
Después de todo, dice Varoufakis, estos rendimientos no son enteramente privados porque las empresas deben retribuir dividendos a la sociedad por los beneficios que son creados colectivamente, como el conocimiento, por citar alguno.
El debate, entonces, residirá en los detalles de esta propuesta.