México enfrenta un gran problema en educación que va más allá de la enseñanza. Las escuelas públicas adolecen de infraestructura adecuada, lo que les impide mantener un rendimiento educativo idóneo para millones de estudiantes. “En términos educativos nos enfrentamos a un sistema desigual que no da garantías para los menos favorecidos”, dice Fiorentina García Miramón, especialista en educación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
Mientras la educación pública de nivel básico sufre los estragos en infraestructura, por el otro lado, la educación privada se beneficia de la deducción de colegiaturas al Impuesto Sobre la Renta (ISR) que ha favorecido a los contribuyentes de más ingresos, revela un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). “La deducción de colegiaturas genera una menor recaudación que deriva en un menor presupuesto para programas educativos”, explica en entrevista Fiorentina García Miramón, autora de la investigación.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018 se destinó un monto de 280 mil 969 millones de pesos para la educación pública, que representan un ligero incremento de 0.2 por ciento en contraste con 2017. Sin embargo, “el gasto público no ha sido del todo eficaz en mejorar la equidad del Sistema Educativo Nacional y tampoco ha tenido un impacto significativo en el aprovechamiento escolar, es decir, en mejorar la calidad educativa”, manifiesta el CIEP en el reporte ‘Gasto público para una educación de calidad’.
280,969
México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que destina mayores recursos a la educación como proporción del gasto público total. Pero, como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto representa un porcentaje apenas por encima del promedio de la Organización, y en términos de gasto por alumno, este país es uno de los que menos recursos destina a cada estudiante, en promedio, 2,819 dólares.
Infraestructura olvidada
Aunque la educación representa uno de los mayores gastos del gobierno federal, la infraestructura no es una prioridad.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) estima que en el país existen 180 mil centros educativos de nivel básico, de los cuales, 11.5 por ciento no cuenta con baños, y de ese porcentaje, 47.1 por ciento no tiene drenaje, mientras que 25.7 por ciento está construido con materiales precarios, revela el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La cifra se dispara al observar los planteles educativos en estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca en donde la ausencia de un sanitario funcional aumenta a casi 50 por ciento.
El Censo destaca que, a nivel nacional, 31 por ciento de las escuelas no tiene agua corriente, y 46 por ciento no cuenta con servicios de drenaje básicos, en tanto que en Oaxaca estas cifras se elevan a 60 y 82 por ciento, respectivamente.
En 2016, el gasto tributario estimado por la deducción de colegiaturas fue de 6,256 millones de pesos, este monto equivale al gasto total que se destina a la infraestructura pública de educación básica. García Miramón comenta que un dato que sobresale en su investigación es que el beneficio fiscal, es decir las deducciones, “se concentran principalmente en las personas ricas, por lo tanto, la inequidad en el acceso a la educación se ve afectada”. En 2016, el 63.8 por ciento de las deducciones se concentró en los contribuyentes con mayores ingresos.
Los alumnos que asistieron a escuelas privadas con colegiaturas deducibles fueron 3 millones, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2016, refiere la investigadora del CIEP en su análisis.
Aunque la discusión se ha encaminado hacia si se debe eliminar o no esta deducción, García Miramón explica que la solución no está en erradicarla, ya que al hacerlo se podrían generar “shocks” importantes para el sistema público, pero, considera que sí hay algo que se puede hacer para equilibrar la balanza. “Debemos exigir que se mejore el sistema educativo público a través de políticas que brinden garantías a millones de estudiantes que toman clases en condiciones nada favorecedoras”.
