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Las protestas suelen ser el reclamo de la sociedad ante la falta de bienestar. A pesar de que el objetivo de los manifestantes es recuperar el control político y económico del país, las protestas conllevan un fuerte costo económico que debe ser considerado.
La lucha por la democracia, en su faceta emergente, ha traído daños colaterales. A continuación mencionamos los casos más recientes y relevantes sobre este tipo de conflictos.
Ucrania: Entre Rusia y Europa
Las demostraciones sociales ucranianas han dejado en evidencia el desastre económico del país. La economía de Ucrania tiene severos problemas estructurales: la falta de reformas, la corrupción y su dependencia energética son los principales culpables de que en los últimos dos años se haya promediado un crecimiento del 0.1 por ciento.
El clima de inestabilidad ha provocado fuertes devaluaciones de su moneda, por lo que las autoridades tuvieron que dejar flotar libremente el tipo de cambio el mes pasado. En un intento por mantener el valor de la hryvnia, moneda nacional de Ucrania, el gobierno gastó alrededor de 28 mil millones de dólares de sus reservas en los últimos tres años, por lo que situación era insostenible a largo plazo.
La depreciación ha aumentado la carga de deuda pública del país, además de que ha dificultado el acceso de Ucrania al financiamiento en los mercados de capital. El gobierno de Kiev ha emitido bonos de corto plazo a una tasa de interés del 15 por ciento, una de las más altas del mundo.
A finales de febrero, Standard and Poor’s declaró que el riesgo de default de Ucrania es altamente probable. La revista The Economist estima que Kiev necesita 25 mil millones de dólares para estabilizar sus finanzas y cumplir sus compromisos con inversionistas. Tras el retiro de un rescate financiero ruso de 15 mil millones de dólares, el nuevo gobierno de Ucrania negocia con el FMI, EU y la Unión Europea un préstamo de emergencia.
Turquía y la corrupción
El actual primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, tomó el poder en el 2003. Durante sus once años de gestión transformó profundamente al país en base a una agenda de política económica de corte liberal. El país creció a tasas promedio de 5 por ciento desde el 2003 hasta el 2013. Un informe del FMI del año pasado argumentó que la economía turca crecía aceleradamente, además de que destacó una fuerte demanda interna.
Las protestas políticas iniciadas el verano del 2013 en el parque Gezi de Estambul, así como los recientes escándalos de corrupción en el gobierno de Erdogan han cambiado el panorama para mal. La inflación cerró en niveles del 7.4 por ciento, el déficit de cuenta corriente aumentó a 7 por ciento del producto interno bruto, mientras que la lira turca ha sufrido una de las depreciaciones más severas en el mundo dado el recorte al programa de estímulo de la Reserva Federal de Estados Unidos. Las autoridades monetarias de Turquía reaccionaron elevando la tasa de interés de referencia desde un 4.5 hasta un 10 por ciento en un solo día, a pesar de los constantes esfuerzos políticos de no implementar esta medida. El ministro de finanzas turco recortó su perspectiva de 4 por ciento de crecimiento un día después de que se elevó la tasa de interés. Turquía es altamente dependiente de sus exportaciones y de los flujos de capital internacionales, que se han visto muy mermados.
Un escenario de debacle económica puede sumarse a los cuestionamientos del pueblo al gobierno de Erdogan en relación a cuestiones de democracia, autoritarismo y corrupción. Las exitosas reformas económicas de Erdogan se ven amenazadas por una posible transición política: el principal partido de oposición cambiaría la dirección de política económica dados sus principios como institución populista, estatista y nacionalista. Turquía celebrará elecciones a finales de este mes.
Venezuela y la escasez
A diferencia de sus contrapartes emergentes, las protestas en Venezuela no se limitan a reclamos meramente democráticos. La gente ha salido a las calles en el país sudamericano para exigir una mejora en la situación económica.
Las políticas públicas venezolanas han alimentado las protestas: el desabasto de productos básicos, los niveles insostenibles de inflación y los controles de precio han socavado el bienestar de los venezolanos, especialmente de la clase media.
La economía depende totalmente de sus ingresos petroleros (es el 95 por ciento de sus exportaciones), y el gobierno ha financiado su gasto a través de la emisión de billetes provocando un nivel de inflación que excedió el 50 por ciento en 2013. El clima de incertidumbre, los controles de importación y la escasez de dólares ya tuvieron un impacto directo en la inversión: Toyota y General Motors paralizaron su producción indefinidamente, perjudicando alrededor de 12 mil empleos.
El gobierno de Venezuela ha cumplido con todos sus compromisos internacionales, sin embargo presenta adeudos significativos con empresarios nacionales.
El riesgo país de Venezuela, que determina la probabilidad de default, ha evolucionado a través del tiempo para convertirse en el más alto del mundo. Venezuela creció apenas 1.3 por ciento el año pasado.
Las políticas del gobierno de Maduro han seguido al pie de la letra el libreto de lo que el economista Rudigier Dornbusch denominó populismo macroeconómico.
El priorizar totalmente el crecimiento y la distribución del ingreso a costa del control de la inflación y el déficit público termina irremediablemente en un escenario de colapso económico.
Tarde o temprano, Venezuela tendrá que realizar ajustes a su economía mediante políticas restrictivas, lo que sugiere un severo riesgo para la estabilidad política del país.
