El obstáculo del 2016

México es comúnmente descrito como una economía que, a pesar de mantener la etiqueta emergente, debe ser considerada dentro de otra categoría. 

La distinción del país respecto a otras economías de ingreso medio-alto descansa en una política abocada a mantener la estabilidad macroeconómica.

Cuando México atrajo la atención de inversionistas y medios globales con la apertura de su sector energético, se destacaron una serie de cualidades que no eran observadas comúnmente en otros países emergentes.

Estas características incluyen baja inflación, un nivel de deuda relativamente menor que la media emergente, calificación crediticia de grado de inversión, estructura económica abocada a la exportación de manufacturas y no de materias primas, cercanía con la economía más grande del mundo, políticas comerciales favorables a la integración, y un gobierno reformista.

Sin embargo, el “Mexican Moment” acabó prematuramente. El entorno global se volvió complejo y volátil, poniendo de relieve debilidades que pretendían ser superadas en el México posterior a las reformas: un estancamiento crónico de la tasa de crecimiento y una dependencia de las finanzas públicas respecto de los ingresos petroleros.

La caída del precio del petróleo, la desaceleración del crecimiento global, el alza de tasas de interés en Estados Unidos y un incremento en los niveles de volatilidad financiera situaron a la economía mexicana frente a una nueva realidad menos optimista.

El 2016 es el año que pondrá a prueba la estabilidad macroeconómica de México. El resultado le permitirá deliberar al mercado si efectivamente el país pertenece a una categoría superior a la del resto de las economías emergentes.

Manos atadas

El Banco de México pronostica que el crecimiento de la economía mexicana para el 2016 se ubicará en un rango de 2.5 a 3.5 por ciento, superior a la expectativa de expansión del 2015 que fue de 1.9 a 2.4 por ciento.

Aunque se espera una mayor tasa de crecimiento el siguiente año, la capacidad de reacción del gobierno ante una coyuntura negativa es limitada.

Un tercio del presupuesto federal está financiado por los ingresos petroleros. La caída del precio del crudo desde un nivel superior a los 100 dólares hace año y medio, a un nivel actual que se encuentra debajo de los 30 dólares ha creado un boquete en las finanzas públicas.

A pesar de que el gobierno contrató un programa de coberturas petroleras a un precio promedio de 49 dólares por barril, la diferencia sigue siendo significativa. Además, las coberturas no cubren el cien por ciento de la producción de crudo.

Este escenario se conjuga con la promesa del gobierno de no subir los impuestos en lo que queda del sexenio y de reducir el déficit gradualmente.

En el 2010, los ingresos tributarios del sector público representaban 10.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para los años 2015-2018 son de 12.7 por ciento del PIB. 

Esto quiere decir que parte de la falta de ingresos del Estado será cubierto directamente por los contribuyentes.

Por otra parte, la deuda pública se ha incrementado significativamente durante el sexenio actual y el sexenio anterior. 

Esto se explica en gran medida por un contexto donde la tasa de interés de referencia de Estados Unidos se encontraba en niveles cercanos a cero. 

Ahora, con cuatro alzas de tasas por parte de la Reserva Federal previstas para 2016, las condiciones de endeudamiento para México empeoran.

En el 2007, la deuda pública apenas rebasaba el 18 por ciento del PIB. Para el 2016, la estimación de los requerimientos financieros del sector público llega a casi 48 por ciento del PIB, nivel que se mantendrá hasta final de sexenio. Esto contrasta con lo estimado a inicios del sexenio: un nivel de 39 por ciento del PIB para el 2018.

El gasto público como proporción del PIB y el déficit también muestran un deterioro en los últimos años. Sin embargo, esto no se reflejó en mayores tasas de crecimiento.

En ese sentido, el gobierno plantea limitar la contratación de deuda para estabilizar el déficit público en un nivel de 2 por ciento del PIB para el 2021.

Recortes: último recurso

La única salida de política económica recae entonces en un recorte al gasto público. Pero la magnitud del recorte no corresponde al desbalance de los ingresos gubernamentales.

A pesar de que se utilizó una metodología base cero, el recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación de 2016 en relación al de 2015 fue de penas 5.8 por ciento. 

En total, el gasto programable sufrió una baja de 221 mil millones de pesos; la mayor parte se concentró en las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE.

Aunque analistas expresaron que la reducción del gasto pudo haber sido mayor, la política fiscal expansiva como herramienta de estímulo quedó descartada. 

El presupuesto del siguiente año prevé una baja de casi 20 por ciento en el gasto de inversión. La SHCP calcula que el gasto en inversión física representó 4.4 por ciento del PIB este año. Para el 2016, la estimación se reduce a 3.1 por ciento del PIB.

Con una baja probabilidad de que se recupere el precio del petróleo, la promesa de que la economía mexicana crecería a tasas de 5 por ciento a finales del sexenio parece ser una realidad lejana.