El próximo recorte

El escenario de ingresos petroleros derivados de un valor del crudo de alrededor de cien dólares por barril se ha revertido, y el presupuesto federal se enfrenta a un cambio estructural que amenaza la estabilidad de las finanzas públicas. 

La caída del precio del petróleo mexicano a niveles que apenas superan los 25 dólares por barril representa la nueva realidad de un mercado en el que la débil demanda y la abundante oferta global de crudo inhiben cualquier alza potencial.

Ian Taylor, director general de Vitol Group BV, la correduría petrolera independiente más grande del mundo, dijo que el precio del crudo permanecerá bajo durante los siguientes diez años. 

Taylor señala que la desaceleración de China y la capacidad de reacción de los productores independientes de shale en Estados Unidos han llevado al mercado a un nuevo equilibrio. Se estima que el rango de precio del barril de referencia internacional se encontrará entre los 40 dólares y los 60 dólares.

La Mezcla Mexicana de Exportación actualmente se cotiza en un promedio de cinco a diez dólares debajo de este benchmark.

A pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había reconocido públicamente que el precio del petróleo cotizaría en niveles bajos en el largo plazo, la profundización de esta percepción ha motivado a un cambio de discurso en relación a la política de gasto en México.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el titular de la SHCP, Luis Videgaray, declaró que no se preveían recortes al gasto adicionales a los programados anteriormente.

Sin embargo, ayer la SHCP emitió un comunicado en el que refirió la necesidad de realizar un ajuste preventivo al gasto de 2017.

La postura de austeridad de la política económica mexicana data desde el 2015, cuando el gobierno anunció un recorte al presupuesto de 124 mil millones de pesos para ese año y de 135 mil millones de pesos para el 2016.

Los 6.4 mil millones de dólares que recibió México de las coberturas petroleras, el aumento de los ingresos tributarios no petroleros y la reducción de la proporción del gasto que es financiada por los ingresos petroleros se conjugaron para generar un espacio fiscal suficiente para no realizar el ajuste programado para 2015.

De acuerdo a datos de la SHCP, el gasto público se incrementó 5.2 por ciento el año pasado en relación al 2014.

Inusual señalamiento

El cambio de discurso en la política de gasto ocurre después de que Agustín Carstens, gobernador del Banco de México (Banxico), señaló públicamente que el impacto de la caída del precio del petróleo en las finanzas públicas ha sido significativo. 

En ese sentido, exhortó a realizar un recorte al gasto público para evitar un alza de tasas de interés prematura. “De lo contrario, el proceso de ajuste sería mucho más largo y doloroso”, dijo el funcionario durante una conferencia en la Universidad Panamericana.

El posicionamiento público de miembros de Banxico respecto al desarrollo de la política fiscal son poco comunes. Los argumentos cruzados entre el banco central y la SHCP suelen limitarse a resaltar la importancia de la coordinación de la política monetaria y fiscal para mantener la estabilidad macroeconómica.

El comunicado de la SHCP que fungió como respuesta a los señalamientos de Carstens mantuvo esa línea discursiva. La dependencia enfatizó que “seguirá trabajando de manera conjunta (con Banxico) para utilizar todos los instrumentos de política económica”.

En una entrevista radiofónica, Luis Videgaray complementó esta postura diciendo que existe absoluta coincidencia con la visión del banco central.

El dilema de Pemex

Al igual que el resto de las firmas petroleras globales, Pemex ha sido golpeada por la debacle de los precios del crudo. 

Ante esta coyuntura, exacerbada por una menor producción, la empresa productiva del Estado ha mantenido una política de endeudamiento que se suma a su pesado pasivo laboral de 1.5 billones de pesos. Tan sólo el año pasado, Pemex contrajo 21 mil millones de dólares de deuda.

Después de que el gobierno federal gravó excesivamente a Pemex (129 por ciento de sus utilidades entre 2009 y 2014),  la firma se ha convertido en un riesgo fiscal.

Durante su última intervención pública, Carstens dijo que gran parte del ajuste tendría que incluir a Pemex. Esto contrastó con la respuesta de la SHCP frente a la degradación de la calificación de deuda de la petrolera por parte de Moody’s.

La dependencia aseguró que una inyección de capital a Pemex por parte del Gobierno representa una opción factible para corregir los desbalances de la firma. 

Sin embargo, el último comunicado de la SHCP corrigió esta postura al establecer que el ajuste al gasto debería empezar por Pemex, en línea con los argumentos de Carstens.