Venezuela publicó la Ley Orgánica del Precio Justo que estipula un margen de utilidad máximo del 30 por ciento para los comerciantes
De aprobarse el nuevo esquema, otorgaría una gran poder económico a funcionarios públicos con la facultad de fijar precios sin un sustento económico adecuado, motivados únicamente por el aspecto político
El gobierno de Enrique Peña Nieto busca imponer viejas prácticas priistas de control de precios. La nueva propuesta de Ley Federal de Competencia otorgaría al ejecutivo federal la habilidad de establecer precios en industrias que considere como “necesarias para la economía nacional”.
La ley actual obliga al poder ejecutivo a contar con la aprobación de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) antes de manipular los precios del libre mercado.
Sin embargo, la iniciativa establece que las recomendaciones de la Cofece en este rubro dejarán de ser vinculatorias.
Si el nuevo esquema llega a aprobarse en el Congreso, el gobierno federal tendrá amplias facultades para establecer los precios de productos en áreas que considere sensibles para México.
Esto significa otorgar una gran poder económico a funcionarios públicos con la facultad de fijar precios sin un sustento económico adecuado, motivados únicamente por el aspecto político.
Todo parece indicar que las viejas costumbres del PRI no han muerto. Los viejos gobiernos priistas anteriores a la transición democrática del año 2000 utilizaban controles similares para manipular el mercado.
Presidentes como Luis Echeverría y José López Portillo son ejemplos claros de cómo el control gubernamental de precios suele ser contraproducente.
Este tipo de medidas tiene la intención de mantener bajos los precios de los productos, pero la historia demuestra que el efecto es el contrario.
Los controles suelen representar un castigo para la producción de los bienes a los que se aplican. Los comerciantes sufren una reducción de sus márgenes de utilidad y, ante la falta de un buen negocio, terminan produciendo cada vez menos.
Los consumidores se enfrentan de tal modo a la escasez y, con el tiempo, de manera paradójica, los precios terminan aumentando y llegan a ubicarse incluso por encima de los precios que existen en mercados libres.
Un caso reciente e icónico sobre los efectos negativos que acarrea el control de precios es el de la tortilla en el 2010. Durante el gobierno de Felipe Calderón se registró un aumento internacional en el precio del maíz, pero el gobierno presionó a las tortillerías para mantener los precios fijos de la tortilla.
Así como lo establece un análisis del periodista Sergio Sarmiento, con el tiempo el valor del maíz ha disminuido, pero los precios de la tortilla en México continúan altos con motivo de la manipulación.
Por si las lecciones no abundaran, solo hace falta voltear a ver a países como Argentina y Venezuela, donde el control de precios ha ocasionado escasez y protestas en las calles.
El caso del presidente venezolano destaca por haber publicado hace dos semanas la Ley Orgánica del Precio Justo que estipula un margen de utilidad máximo del 30 por ciento para los comerciantes.
Productos necesarios
El control de precios que quiere Peña Nieto está limitado a aquellos productos y servicios que sean considerados como necesarios para la economía nacional.
Gran parte del impacto de la nueva ley radica en la definición de los productos que el gobierno considere que tiene un poder especial.
La iniciativa enviada la semana pasada a la Cámara de Diputados advierte que establecer cuáles son los insumos esenciales para el país es complicado, pero ofrece una directriz para determinar estos productos.
El poder ejecutivo identifica a los productos necesarios con aquellos que son controlados por solo una empresa, es decir, un monopolio.
Para esto se deben tomar en cuenta tres aspectos: primero, que el insumo sea detentado o prestado por solo un agente económico (o un grupo reducido).
Segundo, que la reproducción del insumo no sea viable desde un punto de vista técnico, legal o económico por alguien más y, por último, que el mismo insumo sea indispensable para la provisión de bienes o servicios en uno o más mercados sin algún sustituto cercano.
A pesar de que se intenta limitar el poder de las autoridades en el mercado, el resultado no es claro y deja la puerta abierta a la interpretación subjetiva.
Si a esto se le suma la falta de contrapeso que significaba la Cofece, nos encontramos ante un gobierno federal con amplias facultades para hacer lo que quiera con la economía.
El resto de la iniciativa
La nueva ley de competencia no trata únicamente sobre el control de precios. Una de las más grandes propuestas es la separación que se realiza entre la autoridad que investiga asuntos de competencia económica y la que resuelve.
Lo anterior significa la creación de un órgano con autonomía técnica y de gestión con la facultad de desahogar las investigaciones que lleve a cabo la Cofece. Esto pretende acabar con la práctica actual donde los comisionados se convierten en juez y parte de los casos que investigan.
Asimismo, se amplía el catálogo de conductas anticompetitivas que contempla actualmente la ley, donde se incluyen las concentraciones ilícitas y las barreras que impiden la libre competencia.
Por último, el gobierno destaca que la iniciativa ofrecerá una mayor eficiencia y agilidad en el proceso donde se revisen conflictos de competencia económica, limitando el número de recursos que se pueden interponer.
