La solución final

¿Debería el gobierno pagarle a sus ciudadanos? Economistas en todo el mundo se están haciendo esa pregunta.

Este año, Finlandia inició un programa piloto en el que le pagará un cheque mensual de 560 euros a dos mil personas. Sin condiciones, sin requisitos. El ejercicio pretende arrojar luz sobre el funcionamiento y la efectividad del ingreso básico universal, la política pública que promete ser la respuesta a todas las plegarias de los economistas, en la izquierda y en la derecha.

La idea ha ganado tracción en entidades tan opuestas como Silicon Valley y el gobierno de India. Aunque el concepto presenta variaciones, el ingreso básico universal representa un pago fijo que el gobierno realizaría a todos sus ciudadanos sin excepción.

Esto, argumentan sus promotores, elimina los costos de verificación de los onerosos e ineficientes programas de asistencia social. Esta política ofrecería un ingreso suficiente para que todo ciudadano tenga recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Quiénes favorecen el ingreso básico universal sostienen que esta medida, a diferencia de los programas de beneficios para desempleados, no desincentiva el trabajo. En cambio, argumentan, provee libertad para desarrollar la creatividad de todos los agentes económicos en empresas o tareas no remunerables que de otro modo no podrían ser llevadas a cabo.

Sin embargo, el ingreso básico universal aún está rodeado de un halo de escepticismo.  El año pasado, Suiza realizó un referéndum para la implementación de un ingreso universal de 30 mil francos. La medida fue rechazada por el 78 por ciento de los votantes.

La crítica natural del ingreso básico universal es su costo. ¿De dónde va a salir ese dinero? Anthony Painter, un economista independiente, calcula que el pago de 4 mil libras al año a cada ciudadano de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tendría que ser financiado con un aumento de tres puntos porcentuales en el impuesto al ingreso.

Además, Painter sostiene que esta cantidad es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de un ciudadano en una economía con un nivel de precios como el de Reino Unido.

Los críticos del ingreso básico universal hacen énfasis en que el desmantelamiento del aparato de seguridad social, una condición necesaria para el financiamiento de esta medida, tendría efectos redistributivos adversos.

La desigualdad de hoy

La economía del siglo XXI encierra una paradoja. En términos de riqueza, el mundo jamás había estado mejor, ésta es la época de mayor prosperidad material en la historia. Sin embargo, la concentración de esta riqueza se encuentra en niveles que no se habían visto desde principios del siglo XX.

Los economistas que han estudiado el fenómeno de la desigualdad, como los Premio Nobel Angus Deaton y Joseph Stiglitz, argumentan que la brecha de riqueza es una consecuencia directa de las políticas redistributivas de los gobiernos.

Thomas Piketty, el economista francés célebre por su libro Capital en el Siglo XXI, ofrece un enfoque que incorpora la variable política. Su tesis se basa en el hecho de que el poder económico se traduce en poder político, el cual es utilizado para influenciar las políticas económicas, particularmente las fiscales, para perpetuar esta concentración de riqueza de manera indefinida.

Sin embargo, la idea de que la desigualdad exacerbada es un fenómeno que puede ser corregido  a través de mecanismos políticos está por expirar. Si la desigualdad de los últimos 30  años deriva de un marco fiscal que privilegió la concentración de riqueza, la desigualdad de los próximos 30 años estará definida por dinámicas más difíciles de revertir, como el cambio tecnológico.

La desigualdad de mañana

El célebre documento de investigación de Carl Frey y Michael Osborne, investigadores de la Oxford Martin School, estima que el 47 por ciento de los empleos en Estados Unidos son altamente susceptibles a ser desplazados por la automatización en la siguiente década.

En ese sentido, se espera que se abra la brecha de ingreso laboral entre los trabajadores altamente educados y altamente especializados  y los trabajadores de baja capacitación y baja especialización.

Asimismo, el documento prevé que se exacerbará la diferencia de riqueza entre los trabajadores desplazados de la clase media y los dueños del capital, que se beneficiarán ampliamente del crecimiento de la productividad que conlleva el cambio tecnológico.

En este contexto, el ingreso básico universal emerge como un mecanismo institucional atractivo para sortear los retos de la economía del siglo XXI.

La medida aún no ha sido implementada a cabalidad en algún país, menos en alguna economía emergente con finanzas públicas frágiles como México, por lo que sus perspectivas son inciertas.