70,000
El destino de Puerto Rico recae entonces sobre los legisladores federales estadounidenses, quienes están renuentes a pagar sus deudas
Puerto Rico podrá ser pequeño en territorio y población, pero el tamaño de su deuda pública no lo es: su monto de 70 mil millones rebasa el total de cualquier Estado en su país a excepción de California y Nueva York.
A diferencia de los Estados, sin embargo, Puerto Rico es sólo un territorio estadounidense, lo cual le ofrece menos oportunidades para reestructurar su deuda si se mete en problemas. Ni siquiera puede declararse oficialmente en bancarrota.
El gobierno puertorriqueño lleva advirtiendo acerca de su caída al incumplimiento de pagos desde el año pasado, y ahora se encuentra a la orilla del default. Y las cosas van de mal en peor.
El fin de semana 422 millones de dólares en deuda puertorriqueña cayeron en incumplimiento de pagos, y el día de ayer el gobernador de la isla, Alejandro Garcia Padilla, agravó la situación al promulgar una ley que le permite declarar una suspensión temporal de los pagos sobre la mayor parte de su deuda pública hasta enero del 2017.
Garcia declaró que Puerto Rico “es insolvente y la situación requiere esfuerzos responsables para encontrar una solución”, agregando que la situación los obliga a escoger entre pagarle a sus acreedores y seguir ofreciendo servicios esenciales a su población.
El destino de Puerto Rico recae entonces sobre los legisladores federales estadounidenses, que se han mostrado renuentes a pagar sus deudas.
Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes, respondió a las acciones de Garcia diciendo que la cámara baja está “comprometida a un camino responsable que enfrente los problemas fiscales estructurales de Puerto Rico al mismo tiempo que proteja a los contribuyentes estadounidenses de pagar la cuenta”.
Problema estatal
El caso de Puerto Rico muestra a México que desatender la deuda subnacional puede tener consecuencias graves y difíciles de revertir.
En ese sentido resulta alentadora la promulgación de la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto esta semana.
La nueva ley marca que “en ningún momento, el saldo de la Deuda Estatal Garantizada podrá exceder el 3.5 por ciento del producto interno bruto nominal nacional”.
Al cierre del 2015 el total de la deuda de Estados y municipios mexicanos ascendía a más de 539 mil millones de pesos (un incremento interanual de 5 por ciento), lo cual equivale al 3.1 por ciento de la producción económica mexicana.
Esto quiere decir que la ley aún le da espacio a los gobiernos y organismos subnacionales para seguirse endeudando con un aval federal, pero con mayores requisitos y condiciones para que se les otorgue este financiamiento y con mayor supervisión de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en algunos casos.
Sin embargo no todo es alentador. El mismo titular de la SHCP, Luis Videgaray, advierte que seis entidades mexicanas están en riesgo debido a que sus deudas rebasan significativamente sus ingresos por participaciones federales.
“Estos casos, si bien no ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica del país en su conjunto, sí representan un reto importante para la debilidad de las finanzas públicas de las entidades correspondientes”, precisó Videgaray.
