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La caída internacional de los precios del petróleo presiona cada vez más al gobierno federal, y el impacto no se podrá subsanar ni con más deuda ni con más recaudación de impuestos
"Nuestra prioridad debe ser mantener la disciplina de la política macroeconómica para asegurar la estabilidad, específicamente me refiero a la política fiscal donde la decisión clara del Presidente de la República es que cualquier necesidad de ajuste por una disminución de los ingresos, habrá de acomodarse reduciendo el gasto público"
y Crédito Público
La caída internacional de los precios del petróleo presiona cada vez más al Gobierno Federal.
La semana pasada, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, advirtió que contemplan un recorte en el gasto público debido a la complicada situación macroeconómica.
Las nuevas medidas dejan a las finanzas públicas entre la espada y la pared. Además del recorte en gasto, el Gobierno se enfrenta a un alto déficit público que encendió los focos de alerta del Fondo Monetario Internacional hace un mes.
Si el impacto no se puede subsanar con más deuda, tampoco lo podrá hacer con recaudación de impuestos. No sólo la reforma fiscal del 2013 ha sido criticada y acusada de profundizar el estancamiento económico, sino que también las autoridades prometieron no aumentar impuestos por lo que resta del sexenio.
Estos son los principales dilemas a los que se enfrenta Hacienda.
Deuda por los cielos
La política económica mexicana de este sexenio se ha sustentado con el incremento de la deuda pública.
En el 2008 la deuda pública neta en relación al Producto Interno Bruto (PIB) registrada fue de 21.2 por ciento, mientras que el año pasado alcanzó el 38.8 por ciento, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En 2014, México emitió deuda cinco veces en los mercados internacionales, incluyendo dos series de bonos a cien años. Para finales de noviembre, el país había captado más de 11 mil millones de dólares a partir de la venta de bonos denominados en libras, yenes y dólares.
El nivel de deuda mexicano encendió las alarmas tanto del Fondo Monetario Internacional (FMI) como de BlackRock, el administrador de activos más grande del mundo. En reportes separados, cada institución hizo mención del riesgo latente que significa el alto endeudamiento mexicano.
El FMI resaltó que México es el tercer país emergente con mayor endeudamiento externo. Agregó que el país es vulnerable a los recientes niveles presentados de alta volatilidad financiera.
Esto, aunado a las finanzas públicas presionadas por un menor precio y una menor producción petrolera, así como a la promesa expresa del presidente Enrique Peña Nieto de no subir impuestos, complica la meta del gobierno de eliminar el déficit para el 2017.
Luis Videgaray, titular de la SHCP, dijo el jueves pasado que en aras de mantener la disciplina macroeconómica, el gobierno reducirá el gasto público.
Todo se derrumbó…
Una de las más grandes promesas del gobierno de Enrique Peña Nieto reside en el Programa Nacional de Infraestructura (PNI).
Este plan de desarrollo prevé un gasto aproximado de 7.7 billones de pesos, lo que significaría la mayor inversión en infraestructura dentro de un sexenio en la historia de México.
Aunque parte del dinero para estos proyectos provienen de la inversión privada, la mayor parte del dinero proviene directamente del gasto público.
El anuncio de la semana pasada de Videgaray acerca de un inminente recorte al gasto pone en duda la realización del PNI.
Sin embargo, ningún analista previno en su momento la caída tan precipitada que experimentado la Mezcla Mexicana en los últimos siete meses.
Con los ingresos petroleros a la baja, el déficit público en su nivel más alto y la promesa de no aumentar impuestos, el gobierno federal carece de opciones para financiar su programa de infraestructura.
No todos los proyectos previstos para este 2015 cuentan con sus respectivos recursos públicos asignados.
Entre las obras que destacan se encuentran las modificaciones al aeropuerto de la Ciudad de México y la ampliación del Puerto de Veracruz.
¿Y el crecimiento?
Estas situaciones podrían afectar negativamente el crecimiento económico del país, tanto por parte del gasto público como por parte de la inversión privada.
Con la posibilidad de recibir menores ingresos petroleros, y la presión por no incrementar el déficit o la carga de deuda, lo que se vislumbra es una reducción en el gasto público. Esto en consecuencia afectaría los costosos proyectos de infraestructura, que son los que más impulsan el crecimiento y el empleo.
A estos recortes fiscales se agrega el efecto que los menores precios de crudo podrían tener sobre la inversión asociada a la reforma energética.
Dicha reforma ha sido vista por el gobierno mexicano y por autoridades extranjeras como la pieza clave para impulsar el crecimiento mexicano, pero si los actuales precios persisten el interés por parte de la inversión privada en el sector energético podría verse disminuido significativamente, lastimando el crecimiento como consecuencia.
Pero a pesar de esto, la caída del crudo también tiene efectos positivos, ya que las empresas manufactureras pueden disfrutar de menores costos energéticos para impulsar su actividad.
Es por esto que la empresa de análisis Oxford Economics estima que si el precio promedio del petróleo durante el 2015 es de 40 dólares por barril el crecimiento en México sería medio punto porcentual más alto que si éste fuese de 84 dólares por barril.
