Los ganadores del INE

Serán las elecciones más importantes y las más protegidas. Bajo esta premisa el Instituto Nacional Electoral (INE) promete que el resultado del próximo 1 de julio en las urnas estará blindado contra ataques cibernéticos.

Las empresas que se repartieron el pastel para proteger el proceso electoral que se realizará en 16 días son Scitum, ITERA y Telcel.

Sin embargo, la poca información y rendición de cuentas sobre los contratos, así como el proceso de adjudicación ha despertado sospechas, debido a que al ser un organismo público está obligado a difundir información de la relación comercial con sus proveedores.

“El tema de contrataciones públicas dentro del INE no es muy transparente. Para esta elección no se han hecho públicos muchos contratos y un patrón que el instituto ha seguido es que sale a hablar cuando ya tiene el escándalo encima”, dice Claudia Ocaranza, periodista de investigación del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER, por sus siglas en inglés).

Por principio, Scitum ofrecerá servicios de seguridad, de consultoría y administrados. La empresa forma parte de Telmex y Grupo Carso, ambas propiedad de Carlos Slim, de acuerdo con información proporcionada en su portal de internet.

ITERA es el segundo proveedor más beneficiado. Según información publicada por medios nacionales, la firma fundada en 2001 obtuvo un contrato por 3.4 millones de pesos para respaldar la información del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) enviada desde dispositivos móviles.

De igual forma, Telcel será el responsable de abastecer a los Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE) de teléfonos inteligentes con los que podrán enviar en tiempo real los resultados de las actas en cada casilla, así como reportar irregularidades.

Para este año, el INE proporcionará a los CAE 45 mil smartphones, de los cuales 38 mil se compraron a Telcel por alrededor de 100 millones de pesos, de acuerdo con el organismo electoral. Los 7 mil restantes serán proporcionados por Movistar.

La Unidad Técnica de Servicios de Informática (Unicom), que forma parte del INE, también respaldará las urnas. Entre las atribuciones de la unidad están establecer y aplicar reglas, procedimientos y estándares en materia de seguridad informática, así como coordinar la aplicación de auditorías en la materia.

Es importante destacar que todas contribuirán en la protección de la información electoral, pero ninguna tendrá acceso a los datos, esa responsabilidad recae sólo en el INE.

El encargado de las boletas

Talleres Gráficos de México (TGM) es el proveedor que imprimió las millones de boletas electorales que llegarán a las manos de los más de 89 millones de votantes en el país.

Bajo un “convenio de colaboración técnica”, el INE adjudicó al organismo público descentralizado la encomienda de la impresión del material electoral.

Sin embargo, el convenio suscrito entre los TGM y el instituto electoral también contempló la subcontratación de empresas privadas, revela el Informe sobre el seguimiento a la producción de la documentación electoral 2017-2018.

Sin embargo, el convenio suscrito entre los TGM y el instituto electoral también contempló la subcontratación de empresas privadas, revela el Informe sobre el seguimiento a la producción de la documentación electoral 2017-2018.

Mientras que en los TGM, además de la impresión, también se adicionó a las papeletas con otras marcas de seguridad como microtextos y fibras y elementos que hacen imposible que la boleta se pueda alterar.

Talleres Gráficos de México es un organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación (Segob), con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Se creó mediante un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 8 de enero de 1999.

No obstante, su sitio de internet asegura que su fundación data desde hace más de 100 años, teniendo como principal antecedente de creación en 1883 “con la Imprenta de la entonces Secretaría de Fomento, cuya finalidad fue cubrir la necesidad del Gobierno Mexicano, de reproducir y difundir documentos oficiales”.

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal de 2018, los TGM reportaron 0.25 millones de pesos en el concepto de ahorros y economías generados, en cumplimiento a lo dispuesto en los lineamientos por los que se establecen las medidas de austeridad en el gasto de operación en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

El proveedor incómodo

Para Claudia Ocaranza, el INE no ha sido transparente ni en su relación con Scitum desde 2015, año en que firmaron un contrato previo, ni con el actual convenio para el proceso electoral de 2018.

“No hay un motivo que sustente por qué el INE contrató a Scitum y tampoco podemos conocer el monto de este acuerdo ya que el organismo no ha hecho público nada y bloquea cuando se solicita información al respecto”, comenta.

La única información disponible entre las contrataciones de seguridad de los comicios está en publicaciones de diversos medios de comunicación y mediante solicitudes de información.

Para poder entender el papel de la firma propiedad del empresario Carlos Slim es necesario regresar tiempo atrás para recordar que el encargado de cuidar la seguridad digital de los comicios era el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Una investigación realizada por Ocaranza, y publicada en el sitio de PODER, muestra que en diciembre de 2017, el IPN y el INE firmaron un acuerdo para realizar, con el respaldo de herramientas tecnológicas, planes de continuidad de operaciones para procesos y sistemas relacionados con el proceso electoral federal 2017-2018.

En el acuerdo se especificaba que cualquiera de las partes podría cancelar el contrato con 15 días de aviso, según un documento obtenido por PODER.

Pero, el instituto a cargo de Lorenzo Córdova acordó el 15 de marzo pasado la terminación de dicho contrato, aunque más de un mes y medio después el organismo electoral publicó un comunicado conjunto con el instituto para anunciar la rescisión del acuerdo.

La justificación que dio Marco Antonio Baños, consejero del instituto electoral, fue que los servicios de la empresa resultaban más económicos.

“Es muy sospechoso que de buenas a primeras le hayan adjudicado el contrato a una empresa privada de la que no se sabe mucho y es difícil saber cómo funciona”, expone la periodista de investigación.

Un documento obtenido vía transparencia por PODER muestra que el costo del convenio entre el IPN y el INE fue de 15 millones 390 mil pesos.

Claudia Ocaranza asegura que no existe una razón de peso que respalde la contratación de Scitum como proveedor en estas elecciones y reconoce que el INE está actuando como si nadie estuviera al pendiente de sus movimientos, por eso es importante que los ciudadanos exijan al organismo una mayor rendición de cuentas.

“Los mexicanos deben tener acceso a la información que quieran. Con los documentos que hoy existen de manera pública no es posible conocer todo el proceso. Informarse es un derecho y una obligación”.

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